Parece que ahora sí, la “prima hermana” de la Ley de Software verá la luz. La semana pasada -luego de negociaciones entre el gobierno y diferentes entidades que representan al sector- la “nueva” Ley de Economía del Conocimiento obtuvo el dictamen para ser tratada en Diputados.
El Córdoba Technology Cluster siguió de cerca el tema. “Celebramos que esto haya vuelto a tratamiento, que haya vuelto a funcionar el congreso y que esto se ponga en práctica. En particular para nuestro sector el golpe fue fuerte porque veníamos de un régimen de 15 años con beneficios, donde si uno sabía que se acababa en diciembre ordenaba su economía en función de eso. Pero se había aprobado el nuevo proyecto de continuidad y que de un día para el otro se caiga nos causó un impacto importante”, declaró Pablo Gigy, secretario Córdoba Technology Cluster.
Junto a Gigy repasamos las modificaciones, tanto las que a su entender son positivas como las que les genera preocupación:
-La ampliación de beneficios para las micro y pequeñas empresas. "Un reclamo que se venía haciendo desde la Ley de Software”, comenta.
-La definición de los beneficios como porcentajes tanto de reducción de Impuesto a las Ganancias como de las contribuciones patronales. “Planteado de esta manera como porcentaje de reducción entendemos que son más claros”, declara.
-Con respecto a los requisitos para ingresar al régimen también hubo algunas modificaciones. Una de ellas tiene que ver con la inversión en capacitación. Ahora no tiene que estar dirigida obligatoriamente a los recursos de la empresa sino también se puede aplicar a programas de capacitación que generen recursos humanos para el sector. “Esto es muy importante porque es un sector que siempre tiene una demanda insatisfecha de recursos”, celebra.
-Con respecto a los requisitos también se realizó una readecuación de porcentajes de inversión según el tamaño de la empresa.
-La pérdida de la estabilidad fiscal: “Entendemos que es un retroceso porque quita previsibilidad a las empresas inscriptas en el régimen”, señala.
-El establecimiento de un cupo fiscal. Esto implica el establecimiento anual del monto del costo fiscal que van a asignar a los beneficiarios del régimen. La autoridad de aplicación tendrá el poder de definir cómo se distribuye según su criterio. “Esto genera incertidumbre en cuánto será el beneficio real que vamos a tener año a año. Cuando uno entra a un régimen de promoción que garantiza estabilidad fiscal por 10 años y no te vas a mover de ahí, vos podés proyectar a futuro investigación y desarrollo o exportar a nuevos mercados”, explica.
-En la ley que se aprobó el año pasado había un artículo que establecía que las retenciones que sufría una empresa al exportar a un país con el cual Argentina no tenía acuerdos de doble tributación, se tome como un pago a cuenta del impuesto acá en el país. Ahora se establece que se tome como un gasto computable. “Es totalmente distinto y de alguna manera juega en contra del objetivo central de la ley que es promover las exportaciones de este tipo de producto y servicios”, advierte.
-La revalidación bianual para permanecer dentro del régimen de promoción. En el nuevo proyecto determinaron que los porcentajes irán creciendo. “La verdad que cuando uno proyecta a mediano plazo, porque esto es una ley a 10 años, los porcentajes que se deberían cumplir hacia el final del régimen van a ser altos y no van a ser fáciles de cumplimentar para las empresas, sobre todo para las más chicas”, remarca.
Esta semana la Ley de Economía del Conocimiento será tratada en la Cámara baja. “Entendemos que esto se trata en la semana y se aprueba. El tema es qué va a pasar en el Senado porque el Senado, hasta ahora por lo menos, solo está tratando proyectos relacionados con COVID”, concluye Gigy.
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