Los armadores fluviales y marítimos, agrupados en su cámara, encendieron una alarma clara y contundente: Existe temor a un parate en las obras de mantenimiento de la hidrovía, un escenario que paralizaría la navegabilidad y, por consiguiente, estrangularía la cadena logística del país.
Esta situación no es una mera especulación empresarial: es la consecuencia directa de una deuda que ronda los US$ 20 millones, un monto pendiente que el Estado mantiene con las tres compañías adjudicatarias de estos trabajos críticos.
El titular de la Cámara de Armadores, Bernd Gunther, detalló la encrucijada. Si bien existe un preacuerdo con el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) para que los pagos se regularicen en marzo, la incertidumbre actual está generando tensiones operativas y financieras en las empresas contratistas.
Esta demora en los desembolsos compromete la sostenibilidad de las propias compañías y, por extensión, la continuidad de los servicios que prestan. La gestión del MOPC, bajo la dirección de Claudia Centurión, se ve así en el centro de un desafío logístico y de gobernanza. La capacidad de cumplir con este preacuerdo de pago no es solo un tema contable, sino la llave para mantener abierta la principal vía de exportación e importación paraguaya.
Las implicancias de un posible freno en el dragado son profundas y de amplio espectro. Gunther advirtió que la cadena logística, ya tensionada por costos globales, acumularía sobrecostos adicionales e insostenibles. Un río con profundidad inadecuada obliga a los barcos a una carga restringida, es decir, a transportar menos contenedores o toneladas de granos por viaje para no encallar.
Esto multiplica los fletes, encarece el transporte y reduce la competitividad de los productos paraguayos en los mercados internacionales. El impacto, en una economía tan dependiente del comercio exterior como la paraguaya, sería inmediato y severo. Estos sobrecostos, inevitablemente, se trasladan a lo largo de toda la cadena, terminando por impactar en la economía familiar y en los precios finales al consumo, afectando el poder adquisitivo de toda la población.
La privatización del servicio de dragado aparece como un futuro modernizador para el rubro naviero. El argumento central es que el Estado, acorralado por un déficit fiscal persistente, demuestra dificultades crónicas para gestionar y financiar este servicio de manera eficiente y oportuna. Una concesión a un operador privado, sostienen desde Cafym, garantizaría una inversión constante y un mantenimiento permanente de la hidrovía, liberando al fisco de una erogación sensible y asegurando la navegabilidad con criterios técnicos y comerciales.