El corazón del nuevo sistema es el certificado catastral registral inmobiliario, documento que reemplaza a los dos certificados que antes debían gestionarse por separado ante Catastro y el Registro de Inmuebles. La ley establece que este certificado debe expedirse en un plazo máximo de 15 días hábiles, con una tasa única de G. 94.777 y, por primera vez, con plazos legales claramente definidos y sanciones para los funcionarios que no los cumplan.
Según Lourdes González, directora de Registros Públicos, ese plazo de 15 días no corresponde al traspaso total del inmueble, sino exclusivamente a la expedición del certificado. A partir de allí, el escribano cuenta con hasta 30 días corridos para formalizar la escritura pública y, una vez ingresado el documento, el registro dispone de 35 días hábiles para concretar la inscripción. En la práctica, el proceso completo podría resolverse en torno a tres meses, un tiempo sensiblemente menor al que históricamente demandaban estas operaciones.
Desde el punto de vista institucional, el RUN busca dotar de previsibilidad a un sistema que durante años operó sin plazos ciertos. Antes de la ley, un certificado podía demorar meses, e incluso más de un año, sin que existiera un límite legal. Hoy, el artículo 77 de la normativa fija tiempos concretos y establece responsabilidades, lo que impacta directamente en la planificación financiera de familias, desarrolladores e inversores.
Los primeros datos muestran un alto nivel de demanda. Desde el 14 de enero, fecha en que el RUN comenzó a operar, ya se solicitaron alrededor de 600 certificados catastrales registrales. Además, el sistema está recibiendo entre 3.700 y 4.000 documentos por día, mientras absorbe una pesada herencia de expedientes pendientes: más de 12.000 provenientes de Catastro y unos 1.300 de Geodesia. Esta transición explica, en parte, las tensiones iniciales del nuevo esquema.
En el sector inmobiliario, la expectativa es positiva, aunque prudente. Francisco Gómez, presidente de Fortaleza y miembro de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), sostuvo que la digitalización y la unificación de procesos son pasos indispensables para destrabar un cuello de botella histórico. “Si logramos pasar de trámites que demoraban meses o años a plazos de semanas, el impacto va a ser enorme para el mercado”, señaló en entrevista con nuestro diario, aunque aclaró que todavía están observando cómo se comporta el sistema en la práctica.
Desde el Colegio de Escribanos del Paraguay, en tanto, advierten que la promesa de rapidez todavía convive con obstáculos operativos. Su vicepresidenta, Katia Ayala Ratti, al ser consultada por nuestra redacción, apuntó que la exigencia de planos georreferenciados en inmuebles ubicados en zonas de seguridad fronteriza está generando rechazos masivos con “notas negativas”, incluso en propiedades consideradas urbanas por su tamaño y su cuenta corriente catastral. Esto, explicó, obliga a los propietarios a asumir costos adicionales y extiende los tiempos, lo que termina frenando escrituras, desembolsos bancarios y mudanzas.
Las autoridades reconocen que el RUN atraviesa un período de ajuste. Desde la Corte Suprema de Justicia sostienen que la integración de sistemas que antes dependían de distintos poderes del Estado no es sencilla y que el proceso requiere un margen de adaptación. Aun así, destacan que la ley sienta las bases de un sistema más transparente, trazable y previsible, con impacto directo en la seguridad jurídica y en la dinámica económica.
En términos concretos, la respuesta a la pregunta inicial depende de cada caso. Si el trámite ingresa bajo el nuevo sistema y no enfrenta observaciones técnicas, una persona podría mudarse a su casa en unos tres meses. Si surgen exigencias adicionales o el expediente arrastra demoras previas, el plazo puede extenderse. El desafío del RUN será lograr que los plazos claros que fija la ley se traduzcan, de manera consistente, en llaves entregadas en menos tiempo.