Por cuarto año consecutivo, la posición es casi la misma, una meseta que evidencia el fracaso colectivo de una dirigencia política que hizo de la impunidad su principal política de Estado.
El diagnóstico regional es lapidario. Mientras Uruguay y Chile demuestran que es posible construir institucionalidad, Paraguay se hunde junto a Venezuela y Haití. La debilidad del sistema de justicia, la cooptación de instituciones y la falta de controles efectivos convierten a la corrupción en la regla de funcionamiento del Estado, no en la excepción.
El exministro de Hacienda César Barreto fue tajante al analizar el fenómeno desde una perspectiva económica. La corrupción, explicó “distorsiona el funcionamiento del mercado porque impide que las transacciones más eficientes o de menor costo se concreten, ya que las decisiones son distorsionadas por incentivos paralelos a la transacción misma”.
Dicho de otro modo, el sobreprecio y el amiguismo desplazan a la competencia honesta, encareciendo todo, desde una obra pública hasta un insumo básico.
Esa distorsión tiene consecuencias directas sobre el bienestar colectivo. “Esto evita que la economía alcance su máxima eficiencia y reduce el nivel de ingreso general”, advirtió Barreto. Cuando la corrupción es sistemática, añadió, reduce la confianza de los participantes del mercado, muchos evitan invertir, y caen la competencia, la innovación y el crecimiento. "Finalmente, todo eso se traduce en menores ingresos y bienestar para la sociedad", apuntó.
El vínculo con la pobreza es ineludible. Según el INE, 1.189.000 paraguayos viven por debajo de la línea de pobreza, el 20,1% de la población, de ellos, 244.000 padecen pobreza extrema. Cada guaraní desviado, cada licitación amañada, cada obra inconclusa es un recurso que se sustrae de la posibilidad de construir escuelas, equipar hospitales o pavimentar rutas.
Un estudio de Ipsos reveló que la corrupción es la quinta mayor preocupación ciudadana (31%), muy cerca de la pobreza y la desigualdad (42%). En la vida cotidiana, la corrupción es la madre que no consigue turno en el hospital porque los insumos fueron desviados, el joven que abandona la escuela porque el presupuesto educativo se evaporó en sobrecostos.
El contraste entre los indicadores macroeconómicos y la realidad de las mayorías es notorio. Mientras el gobierno celebra la reducción de la pobreza en dos puntos y el crecimiento de la clase media, la ciudadanía observa exige resultados en la microeconomía.
Barreto culminó diciendo que mientras no exista voluntad política real para transformar las condiciones que la hacen posible, el informe del año próximo llegará con las mismas cifras, los mismos análisis y la misma impunidad de siempre. Esto tendrá como consecuencia que más de un millón de paraguayos sigan condenadas a la pobreza.