El caso del proyecto inmobiliario y comunitario Paraíso Verde, ubicado entre Caazapá y Guairá, se convirtió en un ejemplo de los riesgos que pueden enfrentar quienes invierten de buena fe.
El emprendimiento nació con la ambición de convertirse en uno de los desarrollos más emblemáticos de América Latina. Según explicó el abogado Ygnacio Sánchez, el presupuesto inicial del proyecto rondaba los 100 millones de euros provenientes del exterior, una cifra que reflejaba la magnitud de la apuesta. Sin embargo, años después, aquella promesa enfrenta una realidad completamente distinta que pasa actualmente por una etapa de disolución anticipada de la sociedad y una investigación vinculada a un presunto desfalco que alcanzaría aproximadamente los G. 60.000 millones.
En entrevista con InfoNegocios, Sánchez sostuvo que el caso deja una advertencia para cualquier persona que busque invertir en Paraguay. Según explicó, cuando las estructuras jurídicas no son sólidas desde el comienzo, los conflictos posteriores suelen impactar directamente sobre el patrimonio de los inversionistas.
"No tomar buenas decisiones que contrasten con la seguridad jurídica" puede terminar generando consecuencias difíciles de revertir, señaló el profesional.
A su criterio, uno de los aspectos más preocupantes es que muchos inversores descubren demasiado tarde las debilidades de los proyectos en los que participan. Cuando aparecen los conflictos judiciales, recuperar los recursos aportados se vuelve una tarea compleja y muchas veces incierta.
"Muchas veces los inversionistas lamentablemente no recuperan lo que invirtieron", afirmó.
Para Sánchez, el problema no afecta únicamente a extranjeros. También los paraguayos pueden verse expuestos a situaciones similares cuando no cuentan con un acompañamiento profesional adecuado para estructurar sus inversiones y proteger sus intereses desde el inicio.
Según relató, una de las principales debilidades del caso Paraíso Verde estuvo en la documentación utilizada para respaldar la operación y en la forma en que se organizaron los controles internos. La empresa contaba con un administrador que tenía amplias facultades de decisión y que, presuntamente, habría participado en el desvío de fondos.
"Estamos hablando de aproximadamente G. 60.000 millones y de un proyecto cuya inversión inicial era equivalente a 100 millones de euros", indicó.
Al analizar los documentos originales, el abogado fue particularmente crítico. Incluso llegó a cuestionar la calidad técnica de los contratos utilizados en la etapa inicial del emprendimiento.
"El supuesto contrato, para mí particularmente, es un mamotreto", expresó.
A su entender, los documentos no fueron elaborados con el nivel de especialización que requería una operación de semejante magnitud. El problema, además, se agravó con el paso del tiempo debido a que los mecanismos de control y contingencia jurídica no lograron contener los riesgos que posteriormente derivaron en la situación actual.
Sánchez también sostuvo que, en muchos casos, los problemas aparecen cuando se deposita una confianza excesiva en personas que no cuentan con la idoneidad necesaria para administrar recursos o tomar decisiones estratégicas dentro de una organización.
A esto se suma otro desafío para quienes buscan recuperar su patrimonio, por ejemplo, los tiempos de la justicia. Actualmente, la causa se encuentra en etapa preliminar, pero el abogado reconoce que los procesos penales en Paraguay suelen extenderse durante años.
"Lamentablemente, el sistema penal paraguayo es bastante lento y el propio Código Procesal Penal muchas veces termina siendo una herramienta para dilatar el proceso", manifestó.
Pese a ello, aseguró que continúan avanzando dentro del debido proceso y confían en que las circunstancias terminarán por esclarecerse.
Más allá del caso particular, Sánchez considera que la principal enseñanza para cualquier inversor es no subestimar la importancia de una adecuada estructura legal. A su criterio, una buena asesoría profesional no solo ayuda a redactar contratos, sino que constituye una herramienta esencial para proteger el patrimonio, prevenir conflictos y generar seguridad jurídica a largo plazo.
"Si tienes un buen profesional a tu lado, vas a estar confiado de que lógicamente su trabajo es bueno y al fin y al cabo eso es lo que marca la diferencia en todo este proceso de inversión", concluyó.