Impulsan reforma integral del transporte: “Habrá oportunidades para pequeñas y medianas empresas de la construcción”

El Gobierno Nacional anunció una ambiciosa reforma del sistema de transporte público, que se implementará de manera gradual empezando por el área metropolitana de Asunción. El proyecto, liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), contempla una transformación estructural con impacto económico, urbano y social, enmarcada en la modificación de la Ley 1590/2000, que establece la rectoría del Estado sobre el transporte terrestre.

La ministra Claudia Centurión explicó que esta reforma se apoya en tres pilares centrales. “Primero, necesitamos un Estado fortalecido y un gobierno que fije reglas claras. Segundo, avanzamos hacia la renovación de las flotas con buses eficientes, eléctricos y menos contaminantes. Y, en tercer lugar, vamos a priorizar algo que muchas veces se deja de lado, pero es fundamental: la mejora de la infraestructura vial urbana”, expresó.

El plan incluye intervenciones concretas, como la renovación total de la avenida Mariscal López, la pavimentación de calles clave en el departamento Central, la duplicación de la ruta Tape Tuya y la conexión vial entre Mariano Roque Alonso y el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. También se habilitarán carriles exclusivos para buses sobre las rutas Transchaco y 1, además de instalar nuevas paradas más accesibles y seguras.

Uno de los cambios más significativos será la ruptura del modelo actual de operación, donde predomina el monopolio de los proveedores del servicio. Según Centurión, el Estado pasará a tener contratos diferenciados para la provisión de flotas y para la operación y mantenimiento. “Además, se definirá que los buses son bienes afectos al sistema, lo que permite mayor control, fiscalización y disponibilidad del servicio”, señaló.

Otro aspecto clave será la implementación de la integración tarifaria, que permitirá a los usuarios combinar varios servicios de transporte con un único pasaje. La ministra adelantó también la creación de centros de monitoreo con tecnología de información en tiempo real, que permitirá una gestión más eficiente y transparente del sistema.

Desde el sector de la construcción, la reforma es vista con optimismo por el impacto económico que traerá consigo. El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, destacó el trabajo conjunto con el MOPC para ejecutar las obras de infraestructura vial. “Estamos trabajando coordinadamente con la ministra en el Plan Central Tres, que incluye el asfaltado y la reparación de muchas vías que hoy son prácticamente intransitables”, dijo.

Heisecke también subrayó que el proyecto dará un nuevo impulso al empleo en el sector. “Esto va a generar trabajo nuevamente y estamos seguros de que habrá oportunidades para pequeñas y medianas empresas de la construcción, que podrán sumarse a este gran esfuerzo de transformación urbana”, afirmó. Este elemento es más que oportuno, porque actualmente las mipymes de construcción tienen pendiente un cobro de US$ 20 millones del Estado por obras realizadas. 

Con esta reforma integral, el gobierno busca no solo mejorar la calidad del transporte público, sino también dinamizar la economía, reducir emisiones y sentar las bases para una movilidad más moderna, eficiente y sostenible en Paraguay. Hace una semana, los transportistas del área metropolitana levantaron el paro que tenían fijado para el 21 de julio, después de que el Viceministerio de Transporte se haya comprometido a estudiar la posibilidad de actualizar coeficientes de la tarifa técnica y amortizar parte de la deuda en concepto de subsidios.

 

Cuando la IA lava activos: la investigación de un abogado paraguayo que pone a Europa a debatir quién responde por el delito

(Por NL) El desarrollo de la inteligencia artificial en las películas parecía algo muy futurista; sin embargo, hoy forma parte del debate jurídico internacional. Los sistemas de inteligencia artificial capaces de decidir, aprender y ejecutar maniobras de lavado de dinero sin que una persona intervenga en cada operación obligan a replantear uno de los principios básicos del derecho penal: ¿quién es el responsable cuando el delito lo ejecuta un algoritmo? Esa fue la pregunta que el abogado paraguayo José Fernández Zacur llevó al Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Lavado de Activos, en la Universidad de Santiago de Compostela, España, donde presentó una investigación que despertó el interés de algunos de los principales penalistas de Europa.