Cristaldo sostiene que el acceso al financiamiento es apenas una parte de un proceso mucho más amplio. “El crédito es una pata de una mesa que tiene varias”, afirmó, al señalar que incorporar a un productor familiar a un esquema productivo sostenible puede llevar entre uno y dos años. Sin seguridad jurídica sobre la tierra, advierte, cualquier política de financiamiento queda incompleta y expuesta al fracaso.
En ese sentido, remarcó que la titulación es el punto de partida para generar arraigo y permitir que la tierra funcione como un activo productivo. “Sin título no hay inversión posible”, resumió, al recordar que durante décadas miles de productores trabajaron tierras sin documentación, lo que limitó su acceso al crédito formal y a programas de desarrollo de largo plazo. Según explicó, en los últimos años se comenzó a poner mayor foco en este aspecto, considerado clave para cambiar la lógica de subsistencia.
El segundo eje, íntimamente ligado al primero, es la capacitación. Para Cristaldo, el productor no solo debe saber producir, sino también administrar y comercializar. “Sin conocimiento es muy difícil avanzar”, señaló. A su criterio, uno de los errores históricos fue concentrarse únicamente en la entrega de insumos, sin acompañar al productor en la gestión de su actividad. “Muchas veces se trabaja bien durante meses y todo se pierde en una mala negociación”, advirtió.
El asociativismo aparece como otra herramienta central para potenciar el impacto del crédito y la titulación. En un mercado cada vez más competitivo, el dirigente gremial considera que la escala es determinante. “En este mundo globalizado, sin escala no existís”, afirmó, al explicar que la organización en cooperativas o asociaciones permite mejorar el poder de negociación, reducir costos y acceder a mejores condiciones de compra y venta.
En paralelo a este debate, los datos del informe de gestión del Sistema MAG muestran un fuerte impulso al financiamiento productivo. Durante 2025, solo el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) financió más de 20.900 proyectos, priorizando segmentos considerados motores del desarrollo nacional. En total, la entidad alcanzó a 63.800 clientes a través de 81 puntos de atención, incluyendo zonas de difícil acceso, reforzando su presencia territorial.
El volumen de financiamiento también marcó un récord. A lo largo del año se otorgaron más de 40.000 préstamos, con una inversión total de ₲ 561.847 millones y una ejecución presupuestaria del 100%. Un dato destacado es que el 98% de los desembolsos se realizó mediante cuentas de ahorro, un avance relevante en términos de inclusión financiera. Además, la morosidad anual se ubicó en 1,8%, lo que refleja un buen nivel de cumplimiento por parte de los beneficiarios.
Cristaldo valoró especialmente las líneas de crédito de largo plazo, pensadas para un sector históricamente descapitalizado. Mencionó financiamientos de hasta 10 años, con períodos de gracia y tasas por debajo del 10% anual, que permiten invertir sin la presión inmediata del repago. “Ese es el tipo de crédito que necesita el productor para capitalizarse y crecer”, sostuvo.
Sin embargo, insistió en que el financiamiento debe ir acompañado de un cambio profundo en la gestión pública. Para el presidente de la UGP, abandonar el modelo subsistencialista es una decisión política. “Ese esquema está muy ligado a la corrupción”, afirmó, al cuestionar prácticas del pasado en las que se entregaban recursos sin medir resultados ni impacto real. En ese marco, respaldó el enfoque de avanzar hacia un Ministerio de Agricultura orientado a la producción y no a la asistencia permanente.
De cara a 2026, Cristaldo se muestra optimista si se consolida este rumbo. Citó casos concretos de cooperativas que, tras años de trabajo, lograron pasar del aislamiento a facturar cerca de US$ 1 millón anual con apenas 40 socios. “Si se le dan las condiciones, el productor paraguayo sale adelante”, concluyó, convencido de que crédito y titulación son las llaves para transformar la agricultura familiar en un negocio sostenible.