Domínguez sostuvo que, si bien el sector privado impulsa gran parte del desarrollo inmobiliario en loteamientos, todavía enfrenta obstáculos administrativos que ralentizan operaciones clave. En ese contexto, se refirió al Registro Único Nacional (RUN), que unificó Registro Público y Catastro, pero que aún no logra ofrecer la agilidad esperada. “Es un proyecto que parece muy bueno, pero se ve lento. El trabajo interno para que funcione de manera rápida y efectiva va a llevar tiempo”, explicó.
Uno de los principales problemas, según la vocera, radica en que la burocracia sigue impactando directamente en los tiempos de inscripción y titulación de propiedades. Domínguez indicó que muchos trámites se extienden durante meses, pese a que en algunos casos se prometen plazos más cortos. Esta situación, advirtió, genera consecuencias económicas concretas tanto para las empresas del sector como para los compradores que buscan cerrar operaciones con rapidez.
En ese sentido, remarcó que la demora en la obtención de documentos puede derivar en pérdidas de ventas. “Si uno quiere hacer una venta y no tiene registro o catastro, termina perdiendo”, señaló. Domínguez explicó que, cuando los papeles no están en regla, el comprador no suele esperar, lo que obliga a postergar proyectos o frena inversiones que dependen de trámites formales.
A pesar de estas trabas, Domínguez aseguró que el sector loteador sigue creciendo, aunque con diferencias según el tipo de mercado. Explicó que, en el segmento rural y suburbano, la demanda responde principalmente a una necesidad real, ligada al déficit habitacional y al acceso limitado al financiamiento estatal. “El acceso al lote propio es una verdadera necesidad y hoy el sector privado brinda esa solución”, expresó.
Por otro lado, indicó que en el mercado orientado a la clase media y media alta, como edificios, departamentos y viviendas urbanas, se combinan distintos factores. Domínguez mencionó que también participan inversionistas extranjeros que apuestan por el país, además de una demanda sostenida por parte de sectores que buscan alquilar o invertir ante el déficit habitacional de la clase media.
Consultada sobre la accesibilidad para el paraguayo promedio, Domínguez afirmó que la compra de terrenos en cuotas todavía se mantiene como una opción viable en varias zonas del país. Sin embargo, aclaró que los precios varían según la ubicación y el desarrollo urbano de cada ciudad. “En Luque ya es más difícil porque se volvió muy cara. En Limpio todavía es más accesible”, explicó, al señalar que la expansión metropolitana también elevó el costo de algunos distritos.
En cuanto al rol de las municipalidades, Domínguez sostuvo que estas instituciones pueden convertirse en aliadas del desarrollo inmobiliario, aunque su nivel de apoyo depende de cada municipio. Señaló que algunos gobiernos locales facilitan la gestión, mientras otros dificultan el avance de los proyectos. Según la vocera, los municipios deberían interesarse en los loteamientos porque representan un crecimiento directo de contribuyentes y de recaudación mediante impuestos urbanos.
Domínguez ejemplificó que una propiedad de 10 hectáreas puede transformarse en unos 160 lotes, lo que implica el surgimiento de 160 nuevos propietarios y, por ende, 160 nuevos aportantes al sistema tributario municipal. Desde esa perspectiva, insistió en que las autoridades locales deberían impulsar el desarrollo territorial como una oportunidad de crecimiento para sus comunidades.
Sin embargo, la especialista reconoció que la planificación urbana todavía representa una deuda en gran parte del país. Explicó que pocos municipios cuentan con una organización territorial sólida, lo que genera un crecimiento desordenado en varios puntos del área metropolitana y del interior. Esta situación, agregó, también complica la sostenibilidad de los loteamientos a largo plazo.
Respecto a los servicios esenciales en los nuevos desarrollos, Domínguez explicó que las exigencias cambian según el municipio. Algunos requieren empedrados; otros priorizan agua y energía eléctrica, mientras que algunos aplican condiciones mínimas. No obstante, sostuvo que el mantenimiento de calles y espacios comunes suele depender del sector público, y que la falta de continuidad en estas tareas afecta el estado de los barrios con el paso del tiempo.
Finalmente, Domínguez insistió en que el crecimiento del sector loteador necesita una coordinación más eficiente entre el sector privado y las instituciones públicas. A su criterio, una mayor agilidad en los trámites, una planificación urbana más firme y un acompañamiento municipal en infraestructura permitirían mejorar el producto final y consolidar el acceso a la tierra como una solución real para miles de paraguayos.