Por Joe Leahy
Wilson Ferreira Junior, director ejecutivo de la compañía de electricidad brasileña controlada por el estado, Electrobras, está preparándose para la batalla conforme se encamina a una reunión con los sindicatos de la compañía.
Contratado el año pasado para restaurar las maltrechas finanzas del mayor proveedor de energía de América Latina después de casi 13 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores, o PT, de Brasil, los planes de reestructuración del Sr. Ferreira para Eletrobras implican despidos masivos y enormes ventas de activos.
El Sr. Ferreira, junto con Pedro Parente, director ejecutivo de la compañía petrolera estatal brasileña, Petrobras, ocupan lo que muchos consideran los dos empleos empresariales más exigentes en el país.
Ambos hombres, quienes fueron escogidos para sus funciones el año pasado, están tratando de encaminar los grandes grupos que, según los analistas, los sucesivos gobiernos del PT habían utilizado para perseguir su visión estatista del desarrollo, cargando en el proceso a Petrobras y Eletrobras con montañas de deuda.
Petrobras y Eletrobras también se convirtieron en centros de corrupción conforme los políticos, principalmente de la coalición gobernante del PT, pero también de los partidos de la oposición, presuntamente colaboraron con ex funcionarios de la compañía para obtener sobornos de los contratistas.
Petrobras, en particular, fue blanco de las políticas industriales del PT. Bajo el partido, el número de empleados de Petrobras aumentó alrededor de un 21 por ciento, a 78,500 personas entre 2007 y 2015 conforme la compañía tomaba medidas para explotar nuevos yacimientos petrolíferos en aguas ultra profundas descubiertos cerca de la costa de Río de Janeiro.
El PT trató de politizar los descubrimientos con lemas nacionalistas, como "El petróleo es nuestro", diseñados para justificar el endurecimiento del control estatal sobre la industria, dijeron los analistas.
La cultura interna de Petrobras se convirtió en una de "grandiosas visiones", en la que el objetivo era duplicar el tamaño en pocos años mediante "un alucinante aumento del endeudamiento", dijo el Sr. Parente.
La deuda neta del grupo se situó en los R$392 mil millones (US$119 mil millones) en el año 2015, convirtiéndola en la compañía cotizada de energía más apalancada del mundo.
El Sr. Parente dijo que quería reducir la deuda neta de la compañía de 5.1 veces los ingresos anuales antes de intereses, depreciación y amortización en 2015 a 2.5 veces en 2018 mediante la venta de activos. Se preveía que éstos alcanzarían un total de casi US$25 mil millones a fines del próximo año.
Actualmente, la batalla del Sr. Parente es contra los sindicatos que, según él, habían "capturado" el departamento de recursos humanos de Petrobras durante los años del PT, adjudicándose ellos mismos los sucesivos aumentos salariales superiores a la inflación.
Por su parte, los sindicatos de Petrobras desprecian al Sr. Parente. En un comunicado emitido esta semana, uno de los sindicatos, FUP, dijo: "Bajo el mando de Pedro Parente, el patrimonio de Petrobras está siendo entregado a grupos privados, principalmente multinacionales".
En Eletrobras, el Sr. Ferreira dijo que enfrentaba una oposición similar debido a sus planes para recortar su plantilla a tan sólo unos 12,000 empleados de los más de 23,000 empleados actualmente, principalmente a través de la privatización de otras seis empresas de distribución, y la propuesta de venta de hasta 110 parques eólicos más pequeños, unidades de líneas de transmisión y otras operaciones. La compañía había reducido la proporción de deuda neta a EBITDA desde su máximo de casi diez veces en marzo de 2016 a casi seis veces en marzo de este año.
Pero ambos directores reconocieron que el reto más difícil a largo plazo sería detener la injerencia política en las compañías brasileñas controladas por el estado.
Una nueva ley ha tratado de frenar la práctica tradicional en la política brasileña de que los partidos nombren a sus propias personas a posiciones clave en las empresas estatales. Sin embargo, la ley no prohíbe los nombramientos políticos, requiriendo solamente que estas personas tengan las cualificaciones profesionales.
El Sr. Parente dijo que la mejor esperanza era institucionalizar la buena gestión mostrándole al pueblo brasileño que la buena administración de las compañías estatales disminuiría los precios y mejoraría la calidad de los servicios.
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