La aprobación tuvo algunos cuestionamientos durante la discusión en el pleno, como, por ejemplo, la falta de seguridad jurídica por el cambio de condiciones de acuerdos que tienen como base contratos firmados antes de la construcción de obras viales. Senadores como Rafael Filizzola, durante el tratamiento en la Cámara Alta, habían advertido que el pago de los intereses que no fueron reconocidos en los contratos iniciales puede exponer a las autoridades del Ministerio de Obras y del Ministerio de Economía a imputaciones por lesión de confianza.
Desde la perspectiva empresarial, gremios como la Cámara Paraguaya de la Construcción y la Cámara Vial del Paraguay sostienen que la medida de auxilio es beneficiosa para un sector que contribuye con la circulación de dinero en el mercado, lo cual beneficia a otros rubros de la economía. Además, constituye una compensación por los meses de impago de algunas deudas, que generaron numerosos problemas en las empresas de menor porte.
En la Cámara de Diputados indicaron que los intereses moratorios no superan los US$ 50 millones, monto tope que se podrá reconocer gracias a la nueva ley. No obstante, en el pasado se manejaba un volumen mayor de intereses por la deuda, que llegaba incluso a los US$ 100 millones, producto de un endeudamiento por proyectos que sumaban US$ 300 millones.
Junto al mencionado proyecto de ley, pendiente de promulgación, también se aprobaron otros dos proyectos —uno en Diputados y otro en el Senado— que terminarán impactando positivamente en el rubro de la construcción. Luego de varias polémicas, el proyecto de ley por US$ 75 millones destinado a la realización de caminos vecinales pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación, lo cual deja expectantes a los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción, Itapúa, Caaguazú y Caazapá.
La otra normativa que deberá ser discutida en Diputados es un préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón por US$ 233 millones, destinado al desarrollo del Corredor Suroeste, obra que beneficiará principalmente a los departamentos de Ñeembucú y Misiones. En su última sesión, el Senado le dio su visto bueno.