La propuesta fue entregada al Congreso Nacional por el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, quien explicó que el aumento del presupuesto responde, en buena medida, al ordenamiento de compromisos financieros pendientes, particularmente en el área de salud, además de mayores recursos para inversión pública y programas sociales.
De los G. 166,3 billones previstos, G. 87,9 billones corresponden a la Administración Central y G. 78,4 billones a entidades descentralizadas.
Según Lovera, aproximadamente el 76% del incremento presupuestario del 11,2% se concentra en el Poder Ejecutivo. Esto representa unos US$ 1.900 millones adicionales, de los cuales alrededor del 62% se dirige al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
El proyecto abre así un año fiscal particular: mientras el Gobierno busca ordenar obligaciones que quedaron fuera de los registros presupuestarios de ejercicios anteriores, se aleja temporalmente de la trayectoria de convergencia fiscal que venía siguiendo Paraguay.
Un déficit de hasta 3,9%
Uno de los principales puntos del PGN 2027 es, precisamente, la ampliación del déficit fiscal.
El proyecto contempla que el resultado negativo de las cuentas públicas pueda alcanzar hasta el 3,9% del PIB durante el próximo ejercicio, principalmente por el reconocimiento y pago de obligaciones acumuladas y por la continuidad de obras públicas.
Lovera explicó que, si se excluyeran estos componentes extraordinarios vinculados a la gestión de las deudas y al avance esperado de obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el déficit efectivo se ubicaría alrededor del 1,9% del PIB.
La propuesta establece como objetivo retornar en 2028 al límite de déficit del 1,5% del PIB, establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, una vez absorbido el impacto extraordinario de las obligaciones acumuladas.
Sin embargo, la posibilidad de cumplir con ese cronograma dependerá de la ejecución del presupuesto presentado por el Ejecutivo y de las modificaciones que puedan introducirse durante su tratamiento en el Congreso.
Una movida razonable
Para Germán Rojas, exministro de Hacienda, la decisión de ampliar temporalmente el déficit resulta razonable dentro del proceso de convergencia anunciado por las autoridades.
“Me parece razonable dentro de lo que cabe esperar en un proceso de convergencia y va en línea con lo que anunciaron las autoridades en su momento”, sostuvo.
Según explicó, el aumento surge fundamentalmente del ajuste en la forma de registrar las deudas del Estado. Sin embargo, advirtió que esta operación permite ordenar obligaciones acumuladas, pero no resuelve los desequilibrios estructurales de las finanzas públicas.
“Esta iniciativa, sin embargo, no soluciona el problema de fondo, que es estructural”, señaló.
Para Rojas, la discusión fiscal de Paraguay va más allá del resultado extraordinario previsto para 2027.
El problema de fondo
El exministro identifica una presión creciente del lado del gasto, particularmente en aquellas partidas consideradas rígidas, mientras que los ingresos públicos encuentran progresivamente límites para mantener tasas elevadas de crecimiento.
“El problema de fondo consiste en que los gastos rígidos tienden a fortalecerse, e inclusive a aumentar, que es lo más probable que ocurra, mientras que los ingresos van llegando a su techo en lo que hace al nivel de recaudación”, explicó.
Esta diferencia entre la dinámica de ingresos y gastos podría dificultar el proceso de convergencia hacia el 1,5% si no se introducen cambios estructurales.
Para Rojas, la respuesta pasa por reformas que permitan modificar la estructura del gasto y mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo.
“La solución de fondo viene indefectiblemente de la mano de una decisión política, hasta si se quiere heroica, de abordar las reformas estructurales que no pueden ya posponerse”, afirmó.
Entre esas reformas, el exministro mencionó tres frentes principales. El primero es una reforma tributaria integral que permita ampliar la base de ingresos del Estado. El segundo pasa por una reforma del gasto rígido, ámbito en el que considera que la Ley 7633/26 resuelve solo una parte del problema de la Caja Fiscal.
A esto suma la necesidad de avanzar hacia una nueva regla fiscal, mediante una reformulación de la Ley de Responsabilidad Fiscal que se adapte al escenario actual, incorpore cláusulas de escape explícitas y establezca un horizonte plurianual, en lugar de concentrarse únicamente en metas anuales.
Desde esta perspectiva, Rojas plantea que la discusión no debería limitarse a cuánto puede aumentar la recaudación. Un eventual incremento de impuestos, por sí solo, tampoco resolvería el desequilibrio si no se actúa simultáneamente sobre la estructura del gasto y las reglas que ordenan la política fiscal.
En cuanto al compromiso del Ejecutivo de regresar al déficit del 1,5% en 2028, sostuvo que el cumplimiento dependerá, en parte, del presupuesto que finalmente apruebe el Congreso.
Aumento presupuestario en salud
Dentro de la distribución del PGN, Salud aparece como uno de los sectores que concentra la mayor parte del incremento.
El proyecto contempla G. 18,2 billones para el sistema sanitario. De ese total, se incorporan G. 6,3 billones adicionales para atender compromisos financieros asumidos previamente y otros G. 1,7 billones destinados a sostener el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos.
El PGN, sin embargo, no contempla un incremento salarial generalizado para los médicos, uno de los reclamos planteados recientemente por el sector.
Lovera indicó que un reajuste de alcance general tendría un costo estimado de entre US$ 130 millones y US$ 150 millones, monto que el Ejecutivo considera actualmente inviable.
Los incrementos salariales contemplados para 2027 se limitan principalmente a aquellos establecidos por disposiciones legales vigentes. Entre ellos aparece un ajuste del 2,4% para docentes, asociado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Educación, protección social y obras
Para Educación, el proyecto destina G. 10,4 billones. Dentro de este monto se incorporan G. 194.000 millones adicionales para docentes y horas cátedra, además de G. 58.000 millones destinados al escalafón docente.
La protección social también figura entre las prioridades. Lovera señaló que se incorporan recursos adicionales para ampliar el programa de pensión para adultos mayores, cuyo universo de beneficiarios pasaría de aproximadamente 376.000 personas en la actualidad a más de 406.000 durante el próximo año. El programa tendría un presupuesto total cercano a US$ 564 millones.
En materia de inversión física, el MOPC recibiría G. 9,2 billones. La propuesta incorpora G. 2,3 billones adicionales, principalmente para obras relacionadas con la red vial pavimentada, el mantenimiento de rutas, el dragado de ríos y los sistemas de agua y saneamiento.
El comportamiento de la inversión pública también incidirá en el resultado fiscal de 2027, considerando que el Ejecutivo prevé acelerar la ejecución de proyectos que ya cuentan con financiamiento.
Casi US$ 2.100 millones de nuevo endeudamiento
El aumento del gasto y la cancelación de obligaciones también tendrán como contrapartida mayores necesidades de financiamiento.
Lovera adelantó que el Gobierno estima requerir alrededor de US$ 2.100 millones de nuevo endeudamiento durante 2027. Si se incorpora el rollover o refinanciamiento de obligaciones existentes, las necesidades totales de financiamiento alcanzarían aproximadamente US$ 2.800 millones.
Los recursos estarán vinculados, entre otros destinos, al tratamiento de atrasos del Ministerio de Salud, proyectos del MOPC y programas de construcción de viviendas sociales a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
Del lado de los ingresos, el Ministerio de Economía proyecta que la recaudación tributaria crecerá un 8,6% respecto al cierre esperado de 2026 y que la presión tributaria se mantendrá en torno al 11,2% del PIB.
Este punto adquiere relevancia frente a la advertencia de Rojas sobre los límites que comienzan a observarse en la capacidad de aumentar los ingresos al mismo ritmo que las obligaciones permanentes del Estado.