Desde el sector privado, la señal es de cautela. Laura Ramos, presidenta del Club de Ejecutivos, y Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), coincidieron en que, antes de plantear una mayor carga sobre los contribuyentes, se debe revisar la eficiencia del gasto público, combatir la evasión y la informalidad y determinar cuál es realmente la brecha de financiamiento que enfrenta el Estado.
Ramos reconoció que la situación financiera del sistema de salud exige respuestas y que el empresariado no puede ser indiferente ante una necesidad social de esta magnitud. Sin embargo, advirtió que no todos los problemas de financiamiento estatal deberían resolverse automáticamente mediante aumentos de impuestos.
Paraguay construyó parte de su competitividad sobre pilares como la estabilidad macroeconómica, un sistema tributario relativamente simple y una carga impositiva competitiva. Alterar esas condiciones puede tener consecuencias sobre las decisiones de inversión, expansión, contratación y formalización, sostuvo.
La preocupación adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de modificar el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), uno de los tributos con incidencia directa sobre las empresas y las decisiones de inversión.
“Una modificación del IRE impactaría directamente sobre la rentabilidad esperada de las inversiones y sobre uno de los atributos que Paraguay utiliza para competir por capital en la región”, afirmó Ramos.
En ese contexto, la presidenta del Club de Ejecutivos considera necesario determinar primero cuánto financiamiento adicional requiere realmente el sistema sanitario, dónde se encuentran las ineficiencias actuales y qué reformas permitirían utilizar mejor los recursos existentes.
La discusión, según Ramos, no debería reducirse a cuánto más puede recaudar el Estado, sino a cómo construir un sistema de salud financieramente sostenible. Para ello, planteó avanzar en la calidad del gasto, eliminar duplicaciones, mejorar las compras públicas, fortalecer los controles y establecer indicadores claros de gestión y resultados.
La postura coincide con el planteamiento de la UIP. Duarte rechazó las propuestas de aumentar impuestos y reclamó al Gobierno una reforma profunda del gasto público. El titular del gremio industrial sostuvo que el sector privado ya asumió importantes compromisos con la formalización y el crecimiento económico.
En particular, recordó que, desde la reforma tributaria de 2003, las empresas avanzaron en el cumplimiento de sus obligaciones, mientras que, a su criterio, los sucesivos gobiernos no concretaron con la misma fuerza la racionalización del gasto público.
“El sector privado se puso el saco y llevó adelante su parte. Hoy tenemos que seguir pagando la ineficiencia del manejo de la cosa pública”, cuestionó Duarte, quien adelantó que la UIP no acompañará un aumento de impuestos bajo las condiciones actuales.
El gremio industrial también plantea que el debate fiscal debe incorporar una lucha más decidida contra la informalidad y el contrabando. La intención es ampliar la base de contribuyentes y evitar que el incremento de la presión tributaria recaiga nuevamente sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones.
Ramos también considera prioritario combatir la evasión y ampliar la formalización antes de elevar la carga sobre el sector formal. En caso de avanzar con una reforma tributaria, sostiene que esta debería ser integral, técnicamente sustentada y acompañada de reglas simples y previsibles, además de seguridad jurídica.
La previsibilidad es otro de los puntos centrales para el empresariado. Las compañías toman decisiones de inversión con horizontes de cinco, diez o incluso 20 años. Por eso, cambios permanentes en las reglas fiscales para responder a necesidades coyunturales pueden aumentar la percepción de riesgo y afectar la llegada de nuevos capitales.
El desafío, en definitiva, no pasa por elegir entre salud y competitividad. El sector privado plantea que el país debe encontrar una fórmula que permita financiar servicios esenciales sin deteriorar las condiciones que generan crecimiento, empleo, inversión y formalización.
La discusión sobre nuevos impuestos, por tanto, recién debería comenzar una vez que exista claridad sobre la magnitud de la necesidad financiera, las reformas necesarias para mejorar el gasto y el impacto que cada eventual medida tendría sobre la economía.