El proyecto contempla una aplicación gradual y busca mejorar la calidad de vida sin afectar los salarios. Empresarios advierten sobre mayores costos para el sector formal.
La asesora parlamentaria del senador José Oviedo, Mercedes Canese, explicó que el proyecto responde a una necesidad de adecuación al contexto actual, marcado por los avances tecnológicos que aumentaron la eficiencia en los procesos productivos. “La tecnología permite producir más con menos tiempo. Hoy no se necesita trabajar tantas horas como antes para generar el mismo valor”, sostuvo.
Canese recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya recomendó desde hace años la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. “Chile ya implementó este cambio, y México tendrá plena vigencia de la medida para 2030. En Venezuela y El Salvador ya se aplica. Paraguay no puede quedar atrás”, señaló.
El texto del proyecto propone una disminución progresiva de la carga horaria: se reducirán dos horas por año hasta alcanzar el nuevo límite. La jornada diurna pasará a ser de 6 horas con 40 minutos diarios o 40 horas semanales.
En el caso del trabajo nocturno, se plantea un límite de 6 horas diarias o 36 horas semanales. Para el trabajo mixto, la carga sería de 6 horas con 20 minutos o 38 horas semanales. En tanto, los menores de edad y quienes desempeñan labores peligrosas o insalubres trabajarán un máximo de 5 horas diarias o 30 horas semanales.
El proyecto también contempla la posibilidad de distribuir las horas en cinco o seis días, según acuerdo entre empleadores y trabajadores, y actualiza el nombre del Ministerio de Trabajo, que pasaría a denominarse Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La propuesta excluye de la limitación de jornada a gerentes, comisionistas, y permite la realización de horas extras. Asimismo, incluye a sectores tradicionalmente relegados, como el trabajo doméstico, rural y el transporte.
Para el abogado laboralista y asesor de la Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica (CUT-A), Jorge Rojas Rotela, el proyecto es viable porque la Constitución Nacional establece un máximo de 48 horas semanales para la realización de trabajos. Explicó que, si bien existe un máximo de horas semanales, eso no impide que se pueda legislar alternativas de menos horas basándose en el principio de progresividad que rige en el derecho del trabajo.
"Desde el punto de vista de lo que pueda impactar en el mercado laboral, es interesante saber si es que la reducción de la carga horaria puede permitir a más personas acceder a puestos de trabajo. Eso no significa que la medida sea la solución estructural al problema de las fuentes de trabajo en Paraguay", agregó Rojas. No obstante, dijo que la viabilidad política es compleja.
A su criterio, la coyuntura actual es de retroceso en derechos conquistados hace varias décadas, con la Constitución Nacional del 92. "Hoy se está legislando en detrimento del principio de progresividad. Aparte, los proyectos no deben tirarse sin que exista posibilidad de que se aprueben, porque de esa forma temas importantes se vuelven poco serios", aseguró.
¿Qué dicen los empresarios?
Sin embargo, desde el sector empresarial surgieron dudas. Eugenio Caje, vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcompar), que agrupa a las principales multitiendas del país, cuestionó la lógica del planteamiento. “Lo que se ve es que se pretende crear empleo a partir de los puestos existentes. No hay una propuesta clara sobre qué nuevas actividades económicas se van a desarrollar para generar más empleo formal”, señaló.
Para Caje, si bien la intención parece ser un beneficio para los trabajadores, en la práctica representará un encarecimiento de los costos que se trasladará al consumidor final. “Este proyecto no es una de las mejores ideas. Va a costar mucho. Se suman nuevos costos, y si se aprueba también la propuesta del seguro de desempleo, las empresas deberán aportar aún más al sistema, con un 2% adicional administrado por el IPS”, advirtió.
El representante empresarial llamó a las autoridades a generar normas que impulsen la inversión en lugar de presionar más al empleo formal. Además, pidió que el proyecto no siga su curso en el Congreso. “Si esto avanza, se va a dañar aún más la economía formal”, dijo.
En el caso de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el presidente, Enrique Duarte, añadió que el gremio se opone al proyecto, debido a que Paraguay posee una economía abierta con muchos desafíos. "La automatización, la necesidad de alta capacitación, el acceso limitado a financiamiento y otros factores dejan a la industria en una situación vulnerable", complementó.
Además, aseguró que “como idea es noble reducir las horas para que los trabajadores cuenten con más tiempo de descanso; sin embargo, para la economía sería una sentencia de muerte, en especial para sectores tan informales como el de las micro, pequeñas y medianas empresas”.
El proyecto será debatido próximamente en el Congreso y forma parte de un paquete de reformas laborales que buscan modernizar el régimen vigente en Paraguay, donde aún rige una jornada de hasta 48 horas semanales.