El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, anunció que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla US$ 760 millones para la adquisición de medicamentos e insumos, unos US$ 260 millones más que el presupuesto aprobado para 2026. Estos recursos estarán destinados a nuevas compras y no a cubrir las deudas pendientes con proveedores, que recibirán un tratamiento separado.
Dentro de ese incremento también aparece el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuyo presupuesto, según el ministro, pasaría de alrededor de US$ 110 millones este año a US$ 195 millones en 2027. Lovera señaló, además, que el 62% del incremento presupuestario previsto dentro del Poder Ejecutivo estará dirigido al Ministerio de Salud.
Actualmente, el presupuesto destinado a salud representa el 2,8% del PIB, una cifra que se encuentra muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Más recursos, pero sin descuidar las finanzas públicas
El jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez, sostuvo que la administración busca encontrar un equilibrio entre atender los reclamos del sector sanitario y preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
“El presidente de la República viene acompañando lo que está ocurriendo y liderando este proceso de darle un énfasis fundamental al sistema de salud, pero al mismo tiempo cuidando aquello que también es motivo de preocupación constante, que son las finanzas públicas”, afirmó.
La postura del Ejecutivo es que cualquier modificación de fondo en las remuneraciones debería quedar vinculada a una carrera médica basada en criterios como antigüedad, especialización, formación y meritocracia, en lugar de aplicarse un incremento salarial generalizado para todos los profesionales.
Giménez defendió este modelo al señalar que los incentivos deberían reconocer los años de servicio y la preparación profesional de cada médico.
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El punto sin acuerdo: G. 3 millones por vínculo
La ministra de Salud, María Teresa Barán, reconoció que uno de los puntos en los que todavía no existe acuerdo es el pedido de los médicos de un incremento de G. 3 millones por vínculo.
“Lo que no logramos y no llegamos a un acuerdo de alguna otra manera es en este aumento de G. 3 millones por vínculo”, explicó. Como alternativa, indicó que el Gobierno propone avanzar en una carrera sanitaria que remunere de acuerdo con el grado académico y la especialización.
Lovera agregó que el reclamo por la pérdida del poder adquisitivo es válido, pero recordó que la situación también afecta a alrededor de 130.000 funcionarios públicos cuyos salarios no cuentan con mecanismos automáticos de indexación.
La propuesta del MEF apunta, en cambio, a establecer una progresión salarial relacionada con la formación, la especialización y la meritocracia, antes que avanzar hacia un ajuste uniforme.
Desprecarización y pago por feriados
En otros puntos de la negociación, el Gobierno asegura haber logrado avances.
Giménez señaló que se trabaja en la desprecarización de alrededor de 2.400 médicos, dentro de un universo estimado de entre 5.000 y 5.500 profesionales en esa situación, lo que equivaldría a prácticamente la mitad del total.
Barán precisó posteriormente que 2.390 médicos pasarán de contrato a nombramiento. También indicó que el equipo económico autorizó 11.100 nuevos nombramientos dentro del proceso impulsado por Salud.
A esto se suma el reclamo por el pago de los días feriados. Tanto el MEF como Salud señalaron que se encuentran trabajando en una respuesta favorable para incorporar este reconocimiento.
Siete nuevos hospitales y mayor demanda de personal
El aumento del gasto sanitario también estará acompañado por una expansión de la infraestructura.
Barán anunció la construcción de siete grandes hospitales, que requerirán equipamiento tecnológico y nuevos recursos humanos. Para la ministra, esta expansión explica parte de la necesidad de fortalecer las contrataciones y profesionalizar el sistema público de salud.
El planteamiento del Ejecutivo es aprovechar el actual conflicto para acelerar una reforma estructural que no se limite a responder a una demanda salarial puntual.
Barán señaló que ya existe un proyecto de carrera sanitaria trabajado con distintos grupos ocupacionales y considera que el actual escenario abre una oportunidad para avanzar hacia una reforma de mayor alcance.
61 médicos presentaron su renuncia
La huelga también comenzó a reflejarse en la disponibilidad de profesionales. Según informó Barán, hasta el momento de la conferencia, 61 médicos habían presentado oficialmente su renuncia ante el Ministerio de Salud, principalmente anestesiólogos y cirujanos pediátricos.
La discusión entra así en una etapa en la que se cruzan dos desafíos: responder a una demanda laboral que el propio Gobierno reconoce como legítima y, al mismo tiempo, evitar que las soluciones comprometan la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Por ahora, la administración apuesta a canalizar una mayor parte de los recursos hacia medicamentos, infraestructura, contratación y formalización laboral, mientras mantiene abierta la negociación sobre salarios.