Según datos proporcionados por Juan José Benítez Rickmann, presidente de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad), en 2024 la minería de criptoactivos generó cerca de US$ 170 millones en ingresos para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), provenientes del consumo energético. Las operaciones están distribuidas en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, Caaguazú, San Pedro y Central, asentando la industria de minería digital en el país.
El impacto es significativo: se estima una inversión de US$ 100 millones en datacenters, US$ 20 millones en subestaciones eléctricas y hasta US$ 1.000 millones en equipos de procesamiento, sumando empleos directos de calidad para más de 500 personas y 1.250 beneficiados indirectamente.
Por su parte, la ANDE, en un extenso informe oficial, reveló que la demanda actual del sector ya alcanza los 735 MW de potencia, con proyecciones de superar los 1.000 MW para diciembre de 2025. Solo en 2024, los ingresos por facturación al sector superaron los US$ 130 millones, con previsión de US$ 240 millones para 2025.
Para atender esta demanda sin comprometer el sistema eléctrico nacional, se implementaron políticas diferenciadas con el Decreto 7.824/2022, que permite establecer contratos especiales para clientes de "Consumo Intensivo Especial". Actualmente, existen 47 contratos para el desarrollo legal de granjas mineras de activos digitales. Los contratos tienen vigencia hasta 2027 y establecen condiciones como pago en dólares, anticipos por tres meses, monitoreo remoto y posibilidad de desconexión total ante necesidad del sistema.
Auge legal y combate al fraude energético
Frente al avance de conexiones ilegales, la ANDE desplegó una ofensiva tecnológica y legal. Entre 2023 y 2024 se realizaron 66 intervenciones, desconectando 89.424 kVA de potencia irregular. En total, se incautaron 12.082 procesadores y 58 transformadores, con 85 causas judiciales abiertas. La promulgación de la Ley 7.300/2024 elevó las penas por sustracción ilegal de energía a hasta 10 años de prisión, con incautación de bienes utilizados. La ANDE destaca que estas medidas han reducido en un 90% el robo de energía vinculado a la criptominería.
Pese a las oportunidades, Benítez Rickmann advierte que las altas tarifas eléctricas, que pasaron de US$ 37 a US$ 57 por MWh, han hecho que varios actores internacionales abandonen Paraguay en busca de mejores condiciones. Desde la Cámara de Minería de Activos Digitales, proponen revisar la tarifa y mejorar la seguridad jurídica, reconociendo formalmente a la actividad como industria y fomentando su regulación específica.
A esto se suma una participación aún baja de empresas locales, que representan solo el 5% del total de inversiones.
"Paraguay tiene el potencial de duplicar su participación en el hash rate global, que hoy es del 3,5%, si se aprovechan adecuadamente los excedentes energéticos", afirmó el presidente.
Con una política más clara, condiciones técnicas robustas y un marco legal fortalecido, Paraguay podría no solo atraer nuevas inversiones, sino posicionarse como líder regional en el ecosistema de blockchain y criptoactivos. "La formalización es el único camino clave", mencionó Benítez Rickmann.
Desde el sector privado, como la ANDE, coinciden en que la minería de activos digitales representa una oportunidad histórica para capitalizar el excedente energético del país, atraer inversiones sostenibles y posicionarse como referente tecnológico en la región.