Patricia del Puerto es profesora titular de la cátedra de Arbitraje Comercial de la Maestría de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, y abogada del estudio Jurídico Riera Abogados. Hace poco publicó el libro Arbitraje Comercial y la Lex Mercatoria, para que los abogados y empresarios conozcan los beneficios de recurrir al arbitraje comercial para solucionar impasses entre socios de negocios.
¿De qué trata Arbitraje Comercial y Lex Mercatoria?
El libro es más que nada un manual para que abogados y empresarios se introduzcan al mundo del arbitraje y la Lex Mercatoria. Arbitraje como opción a la justicia ordinaria, saber y entender que hay una jurisdicción privada para resolver conflictos. Por otra parte, la Lex Mercatoria como opción a las leyes nacionales, que sepan que hay leyes modelo de orden supranacional que intentan armonizar el derecho en materia comercial internacional para dar a los comerciantes mayor seguridad jurídica sin importar con quien contraten o donde se origine la controversia.
Mi tesis de maestría fue sobre este tema, la defendí en Argentina en 2019 y los profesores me recomendaron publicarla. Al volver a Paraguay, me puse manos a la obra y convertí la tesis en libro, de hecho, aproveché todo el cambio y las actualizaciones que introdujo la pandemia a los reglamentos de arbitraje para actualizar el libro ya con los protocolos de virtualidad y otras modificaciones incluidas.
¿Cuál es la utilidad práctica que las empresas pueden usufructuar de lo que plasmaste en el libro?
Yo veo al arbitraje y a la Lex Mercatoria como herramientas y son súper valiosas en el ámbito de solución de disputas comerciales. En el país no se aprovechan como en otros lugares del mundo. Pienso que al acercar al arbitraje y la Lex Mercatoria a los abogados y a los empresarios los empodero.
El arbitraje proporciona a las empresas confidencialidad para que sus disputas no sean divulgadas, agilidad, ya que es mucho más rápido que un proceso judicial, por ser de única instancia y por el mecanismo de constitución de tribunales que hace que el sistema no se sature. Además otorga seguridad al poder uno elegir un árbitro de parte, y elegir además las leyes que se aplicarán a la resolución del conflicto.
Paraguay cuenta con un arbitraje con PDVSA ¿Qué reflexión nos podés dejar?
Petropar fue demandada por Petróleos de Venezuela (PDVSA) por una deuda de US$ 300 millones contraída en el marco del Acuerdo Energético de Caracas, para la provisión de petróleo y derivados. Este es un arbitraje ICC, o sea, administrado por la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, sin embargo, está suspendido, debido a que que Petropar solicitó la suspensión temporal del arbitraje y el tribunal arbitral hizo lugar a dicho pedido hasta tanto se resuelva el desconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro.
El arbitraje sigue en stand by, pendiente de tramitarse las audiencias por el fondo de la cuestión, hasta tanto se resuelva la cuestión política de Venezuela.
¿El tema de la Hidrovía -cobro de peaje- podría ser resuelto en un arbitraje comercial?
Por arbitraje comercial no, ya que es una controversia Estado-Estado, pero sí por arbitraje. El arbitraje supone siempre una misma idea, que es la de una jurisdicción no estatal, privada, sin embargo dependiendo de los sujetos del contrato, este arbitraje puede ser de distintos tipos.
En el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre transporte fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, que es el que regula este tema, se prevé como mecanismo de solución de disputas una cláusula escalonada (son 18 cláusulas en total las que corresponden a la solución de controversias), primero negociaciones, luego ir y plantearlo ante el Comité Intergubernamental de la Hidrovía y finalmente arbitraje ad hoc, que si bien está estructurado con el espíritu del arbitraje Mercosur, es más burocrático y su reglamento aún no está desarrollado.
Paraguay tendría dos vías para recurrir en este asunto, ya que puede además plantearse un arbitraje desde una visión Mercosur. Paraguay podría recurrir a un arbitraje ad hoc y llevarlo a una disputa sobre violación a la libre circulación de bienes regulada en el tratado Mercosur, y ese laudo podría ser revisado ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, con sede en Asunción.