En diálogo con InfoNegocios, el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Giménez, destacó que el principal hito del año fue la puesta en marcha efectiva de la ley, luego de un extenso proceso de reglamentación que demandó casi nueve meses y medio de trabajo conjunto entre el sector público y privado.
“Hace apenas dos meses, con la reglamentación lista y el decreto firmado, iniciamos la emisión de la cédula mipymes y ya alcanzamos las 456.000 cédulas emitidas, cuando en los últimos 10 años apenas se habían emitido unas 20.000”, subrayó Giménez. Para el viceministro, este dato marca el inicio real de la implementación de una normativa que apunta principalmente a las microempresas, que representan el 91% del total de las mipymes del país.
La ley establece tres años sin costo para la formalización, además de beneficios laborales y previsionales, y abre la puerta a una agenda estructurada sobre tres pilares: formalización ágil y digital, inclusión financiera y acceso a mercados. En este último punto, el programa Hambre Cero aparece como una herramienta clave. En 2025, 625 mipymes vendieron al programa por un total de US$ 20 millones, y para 2026 el objetivo es elevar la participación obligatoria del 5% al 10%, lo que podría traducirse en US$ 35 millones en oportunidades de negocio.
Otro anuncio relevante es la puesta en marcha, desde el primer mes de 2026, de la Cuenta Mipymes, que permitirá abrir cuentas bancarias de manera totalmente digital, un paso clave para unas 280.000 mipymes que hoy no tienen acceso al sistema financiero.
Desde la vereda gremial, el presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), Luis Tavella, coincidió en que la ley es el avance más significativo del año, aunque advirtió que su impacto real todavía no pudo sentirse en 2025. “La ley empezó a regir recién el 1 de noviembre, por lo que los cambios se van a notar recién el año que viene”, explicó a InfoNegocios.
Tavella recordó que el emprendedor enfrenta su mayor riesgo en los primeros dos años de vida del negocio, principalmente por problemas de formalización, capacitación y financiamiento. En ese sentido, valoró los incentivos que introduce la nueva normativa, como la posibilidad de formalizarse a costo casi cero, contratar bajo esquemas más flexibles y aportar a la seguridad social sobre el 80% del salario mínimo durante los primeros años.
Sin embargo, marcó con claridad las asignaturas pendientes para 2026: el acceso al crédito, la reducción de la burocracia estatal, la plena implementación de los beneficios laborales y previsionales, la activación efectiva del fondo de fortalecimiento mipymes (Fonamipymes) y un plan nacional de digitalización. “Hoy el 98% de las empresas son mipymes, pero apenas aportan cerca del 15% del PIB. Tenemos que apuntar al 30%, y eso solo se logra con una agenda conjunta entre el sector público y privado”, afirmó.