Impuesto a vehículos eléctricos: importadores con incertidumbre para implementar transición hacia la electromovilidad

La intención del Gobierno de aplicar un impuesto a la importación de vehículos eléctricos e híbridos genera incertidumbre en el sector importador, debido a que las conversaciones sobre el modelo para la transición hacia la movilidad eléctrica se sostenían sobre plazos tributarios más largos. Por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), sostienen que la intención es dar mayor “justicia tributaria”.

El titular del Centro de Importadores del Paraguay, Iván Dumot, dijo que aún no poseen la versión oficial del proyecto, que fue elaborado por la DNIT y será enviado al Congreso. Dumot contó que en el gremio consideran que la idea del Gobierno se limita solo a lo recaudatorio, cuando la utilización de vehículos eléctricos tenía un objetivo estratégico.

Actualmente, los vehículos eléctricos e híbridos cuentan con una exención tributaria del 100%, beneficio que, según la DNIT, está previsto hasta 2033. La nueva propuesta consiste en establecer inicialmente una tasa del 5% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en lugar del 10%, como mecanismo de transición.

De acuerdo con el planteamiento expuesto por la DNIT, posteriormente, cuando termine el periodo de exoneración previsto para 2033, los vehículos pasarían a tributar normalmente. Según las estimaciones que maneja la institución, el cambio podría representar unos US$ 30 millones adicionales en recaudación tributaria.

Por su parte, el gerente de Aduanas de la DNIT, Juan Olmedo, confirmó que ya presentaron al Ministerio de Economía el proyecto de ley y que esta semana será presentado al Congreso. Olmedo aclaró que el objetivo principal no es recaudatorio, sino de “justicia”, ya que hoy en día hay vehículos eléctricos costosos que no pagan impuestos, mientras que los vehículos a combustión sí deben hacerlo, aunque no sean artículos de lujo.

Las molestias del CIP y también de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) radican en que los gremios no fueron parte del diseño de la normativa elaborada por la DNIT, además de cuestionar que se priorice la recaudación cuando el Estado aún no cumple con un manejo eficiente de los recursos públicos. “Acá hay un problema de fondo. No estamos viendo que se mejore el uso del dinero público y, a la par, se plantean más tributos para conseguir US$ 30 millones, un monto que se podría obtener con recortes”, complementó Dumot.



El cooperativismo busca su propio fondo de garantía tras una década de propuestas sin concretarse

(Por SR) La situación generada en torno a ueno bank volvió a poner sobre la mesa la necesidad de contar con mecanismos de protección para los ahorros del sector cooperativo. Aunque existen propuestas desde hace al menos una década, el sistema todavía no dispone de un fondo de garantía común como el que opera en el sector bancario. El Incoop trabaja en una iniciativa que permita establecer criterios de cobertura, aportes y financiamiento para avanzar hacia su implementación.