La medida alcanza inicialmente a unos 10.000 usuarios activos con seis o más facturas pendientes y una deuda acumulada superior a G. 1.500.000. Antes de ser incluidos en el registro, los clientes reciben una notificación vía mensaje de texto y tienen la posibilidad de regularizar su situación mediante el pago total o un fraccionamiento.
Para el abogado Jorge Rolón Luna, desde el punto de vista jurídico no existe una prohibición que impida a la ANDE recurrir a este mecanismo, aunque considera que el análisis debe contemplar la particularidad de tratarse de una empresa pública.
“Es la primera vez que ocurre de esta manera, como una decisión formal de enviar a numerosas personas, usuarios de la ANDE, a esta empresa donde existe un registro de personas que tienen problemas de deuda o deudores morosos”, explicó.
Según el profesional, una de las discusiones centrales pasa por entender que la ANDE tiene una doble condición: es una empresa que debe sostenerse económicamente, pero también cumple una función pública vinculada a la prestación de un servicio esencial.
“Desde el punto de vista jurídico no existe prohibición alguna para que la ANDE haga algo parecido. Ahora, siendo una empresa estatal, también hay que tener en cuenta que el usuario no es únicamente un cliente, sino que es un ciudadano”, sostuvo.
Sin embargo, Rolón Luna remarcó que esta consideración no significa que el servicio deba ser gratuito ni que la institución pueda dejar de buscar mecanismos para cobrar las deudas pendientes.
“La ANDE vive de lo que recauda, y lo que recauda le permite cubrir el costo del servicio, los salarios, la infraestructura y las inversiones que tiene que hacer para ampliar la red eléctrica”, afirmó.
En ese sentido, señaló que la situación financiera de la estatal también debe formar parte del debate, debido a los desafíos que enfrenta en materia de inversiones y crecimiento de la demanda energética.
A la vez, el abogado indicó que detrás de la morosidad existen diferentes realidades. Por un lado, mencionó a quienes incumplen sus obligaciones de manera deliberada, pero también a familias que atraviesan dificultades económicas y no logran cumplir con sus pagos.
“Hay un problema de morosidad dolosa y hay otra parte de morosidad que tiene que ver con la situación real de la economía paraguaya”, expresó.
Uno de los principales cuestionamientos a la inclusión en registros de información crediticia es el impacto que puede tener sobre las personas, ya que puede limitar su acceso al financiamiento y generar otras dificultades.
“Dejarlos como morosos tiene una consecuencia tremenda para las personas que aparecen en estos registros: ya no acceden al crédito, hasta pueden perder oportunidades laborales”, advirtió.
Para Rolón Luna, lo importante no es si la ANDE puede o no reportar a sus usuarios, sino en cómo una empresa pública puede sostenerse financieramente sin perder de vista la realidad económica del país. Es que según explicó el abogado, la estatal necesita recaudar para cubrir sus costos e inversiones.