Sin embargo, para el ingeniero eléctrico Ricardo Canese, el desafío no es solo reglamentar, sino corregir distorsiones previas que frenan la inversión genuina. En su opinión, lo ideal sería que todas las industrias electrointensivas tengan la opción de generar su propia energía, como ocurre en Brasil, donde a diferencia de Paraguay no se imponen tarifas especiales a las grandes consumidoras.
Canese criticó duramente dos decretos vigentes que, a su criterio, son ilegales y entregan por 15 años tarifas eléctricas preferenciales a empresas que no generan empleo ni efecto dinamizador en la economía. “Hoy están siendo injustos con compañías que de verdad producen un efecto dinamizador”, sostuvo el especialista, advirtiendo que este tratamiento desigual desalienta a los inversores serios que quieren apostar por energías limpias.
Para que la nueva ley sea efectiva, Canese planteó que el Estado debe revisar estos privilegios y nivelar la cancha, permitiendo que cualquier industria pueda optar por autogenerarse sin ser penalizada con tarifas diferenciadas.
Otro punto clave que señala el ingeniero es la urgencia de actuar ante el vertiginoso crecimiento del consumo energético. “Hoy tenemos un incremento de consumo anual que supera el 20%. Para el 2028 ya no contaremos con energía abundante”, alerta. En ese contexto, la reglamentación de la ley debe enfocarse en acelerar el despliegue de proyectos solares, que considera la “oportunidad más veloz” para evitar un déficit.
No obstante, advirtió que el precio de esa energía no será tan bajo como el de las hidroeléctricas, por lo que el marco normativo debe garantizar condiciones predecibles y justas para atraer capitales.
Para que las empresas vengan a invertir, la reglamentación debe traducirse en reglas claras, ágiles y no discrecionales. Esto implica simplificar los permisos, garantizar el acceso abierto a la red de transmisión y permitir que los generadores privados puedan vender sus excedentes bajo condiciones competitivas.
En definitiva, agregó que la Ley 7599 y su decreto reglamentario abren una puerta prometedora, pero su éxito dependerá de la voluntad política para corregir asimetrías y priorizar la eficiencia.