Cubre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El Programa nace del diálogo político entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC). Los líderes regionales decidieron trabajar juntos en sectores fundamentales como la seguridad y la justicia.
Es la primera vez que un programa regional europeo trabaja en toda la cadena penal para fortalecer la cooperación a través de tres componentes (cooperación policial, cooperación entre sistemas de justicia y sistemas penitenciarios), cinco ejes transversales (cibercrimen, corrupción, derechos humanos, género y lavado de activos) y la inclusión de dos proyectos complementarios intrínsecamente vinculados (AMERIPOL e INTERPOL).
Un Plan de Acción para 2018 implica 158 acciones directas enfocadas en la lucha contra el crimen organizado. Hasta el momento, se han llevado a cabo 17 asesorías técnicas y talleres nacionales, 4 talleres regionales y está en marcha un estudio sobre la cuestión de género en el contexto del crimen organizado.
Entre ellos se puede destacar la asistencia técnica al Gobierno de Paraguay para apoyar su lucha contra el crimen organizado y su expansión en los centros penitenciarios en febrero de 2018.
Entre los resultados esperados por el programa destacan el aumento de las capacidades de las fuerzas de seguridad y de las fiscalías para llevar a cabo investigaciones criminales y operaciones conjuntas a nivel regional e internacional, la modernización de la gestión de los sistemas penitenciarios, la implantación de procesos eficientes, la reforma de los marcos normativos y el refuerzo de las redes para una cooperación regional más eficaz, entre otros.