Eduardo Velázquez: “En delitos económicos, cuando no hay elementos que sustenten la teoría, corresponde absolver a las personas acusadas”

(Por NL) En procesos por lesión de confianza, malversación de fondos públicos, administración en provecho propio, cohecho pasivo (coima) y otros hechos punibles vinculados al manejo de recursos económicos del Estado, el sistema judicial paraguayo enfrenta causas de alto impacto económico e institucional que suelen concentrar fuerte atención pública y mediática.

Eduardo Velázquez, defensor público especializado en delitos económicos y crimen organizado.

Este tipo de casos no solo ponen en discusión la responsabilidad penal de funcionarios o la correcta utilización del dinero público, sino que también inciden directamente en la percepción de seguridad jurídica del país, un factor fundamental para la confianza ciudadana y para la imagen de Paraguay como destino de inversión. En ese contexto, donde conviven la presión social por resultados y la necesidad de sostener reglas claras, el debido proceso se convierte en una garantía esencial para el funcionamiento del sistema y para la credibilidad institucional, incluso en los expedientes más sensibles y de mayor impacto económico.

En ese equilibrio se mueve el trabajo del defensor público especializado en delitos económicos y crimen organizado, Eduardo Velázquez, quien conversó al respecto con InfoNegocios y advirtió que la solidez de las garantías procesales no solo define la calidad de la justicia, sino también la seguridad jurídica de un país que busca atraer inversiones.

“El trabajo de los defensores públicos se organiza en tres grandes aspectos para garantizar el debido proceso”, afirmó.

El primero es el respeto estricto de las garantías formales del proceso penal. Esto implica que toda persona imputada conozca con precisión los hechos que se le atribuyen, pueda ejercer plenamente su derecho a defensa y sea sometida a un procedimiento que respete los plazos y las reglas establecidas por la ley.

El segundo aspecto se centra en el análisis sustancial del caso, particularmente en la solidez de la acusación. En delitos económicos, resulta fundamental demostrar de manera fehaciente la existencia de un perjuicio patrimonial.

“Cuando no hay elementos que sustenten la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria del Ministerio Público, no les queda otra que aplicar correctamente el derecho y absolver a las personas acusadas”, sostuvo el defensor.

El tercer eje está vinculado a la correcta atribución de responsabilidad. En figuras como la lesión de confianza o la administración en provecho propio, no basta con formar parte de una institución o intervenir en un proceso administrativo; es necesario acreditar una posición específica de administración, control o disposición sobre los bienes o recursos involucrados.

Desde su área, el defensor explicó que los casos más complejos que manejan se concentran en delitos económicos y corrupción pública, particularmente en figuras como lesión de confianza, administración en provecho propio y otros hechos vinculados a la gestión de fondos del Estado.

Pero más allá de la tipificación penal, el eje central —según detalló— es cómo se garantiza el debido proceso en este tipo de causas, donde la exposición pública suele ser alta y la presión social intensa.

Velázquez remarcó que en varios procesos de alto perfil mediático, la falta de prueba suficiente del perjuicio ha derivado en absoluciones, lo que —lejos de ser una anomalía— responde al funcionamiento correcto del sistema de garantías.

Seguridad jurídica: el punto que conecta justicia e inversión

En Paraguay, la atracción de inversiones depende en gran medida de la previsibilidad institucional. En ese sentido, Velázquez resaltó que el respeto al debido proceso es un componente directo de la seguridad jurídica.

Un sistema donde las reglas se aplican de forma clara, donde las pruebas son determinantes y donde no hay condenas sin sustento sólido, no solo fortalece la justicia, sino que también reduce la incertidumbre para el sector privado.

En esa línea, destacó que la Defensoría Pública no busca dilatar procesos, sino garantizar su correcta resolución dentro del marco legal, respetando la buena fe procesal y el Estado de Derecho.

Desde esa perspectiva, el debido proceso trasciende el ámbito estrictamente jurídico y se convierte en un factor económico: un sistema judicial confiable es también una condición esencial para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo.

Una de las navieras más grandes del mundo amplió su infraestructura en Uruguay (Maersk invirtió US$20 millones en un centro logístico de 71.000 m² sobre Ruta 1)

Maersk, la segunda naviera más grande del mundo, inauguró un nuevo centro logístico en Montevideo tras una inversión privada superior a los US$ 20 millones. La instalación, ubicada en el acceso a Ruta 1, ocupa 71.000 m² y cuenta con capacidad para almacenar 7.000 TEUs, más de 1.000 posiciones para pallets y 140 conexiones para contenedores refrigerados.

Jorge Schreiner: “Analizando las carteras de clientes y sin incluir activos, el monto supera el conjunto de la deuda de ueno con el sistema previsional”

(Por MV) Jorge Schreiner, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), informó que ya fueron identificados aproximadamente US$ 600 millones en activos sanos de ueno bank. El valor de los activos detectados superaría las obligaciones del banco con las cajas previsionales. Sin embargo, esto no significa que los recursos ya hayan sido recuperados. El siguiente paso será completar la evaluación de las carteras y licitarlas en lotes, junto con los depósitos, para transferirlos a otras entidades financieras.

“Paraguay no tiene más margen de error”: sector privado pide replantear el PGN 2027 ante el nuevo escenario económico

(Por MV) Gremios de la producción, la industria, el comercio y los servicios reclamaron al presidente Pedro Alliana una revisión profunda del presupuesto, mayor disciplina fiscal y controles sobre los recursos públicos. Desde el sector privado advierten sobre una fuerte caída de las ventas y consideran que el PGN 2027 debe incorporar medidas para reactivar la economía.