Este tipo de casos no solo ponen en discusión la responsabilidad penal de funcionarios o la correcta utilización del dinero público, sino que también inciden directamente en la percepción de seguridad jurídica del país, un factor fundamental para la confianza ciudadana y para la imagen de Paraguay como destino de inversión. En ese contexto, donde conviven la presión social por resultados y la necesidad de sostener reglas claras, el debido proceso se convierte en una garantía esencial para el funcionamiento del sistema y para la credibilidad institucional, incluso en los expedientes más sensibles y de mayor impacto económico.
En ese equilibrio se mueve el trabajo del defensor público especializado en delitos económicos y crimen organizado, Eduardo Velázquez, quien conversó al respecto con InfoNegocios y advirtió que la solidez de las garantías procesales no solo define la calidad de la justicia, sino también la seguridad jurídica de un país que busca atraer inversiones.
“El trabajo de los defensores públicos se organiza en tres grandes aspectos para garantizar el debido proceso”, afirmó.
El primero es el respeto estricto de las garantías formales del proceso penal. Esto implica que toda persona imputada conozca con precisión los hechos que se le atribuyen, pueda ejercer plenamente su derecho a defensa y sea sometida a un procedimiento que respete los plazos y las reglas establecidas por la ley.
El segundo aspecto se centra en el análisis sustancial del caso, particularmente en la solidez de la acusación. En delitos económicos, resulta fundamental demostrar de manera fehaciente la existencia de un perjuicio patrimonial.
“Cuando no hay elementos que sustenten la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria del Ministerio Público, no les queda otra que aplicar correctamente el derecho y absolver a las personas acusadas”, sostuvo el defensor.
El tercer eje está vinculado a la correcta atribución de responsabilidad. En figuras como la lesión de confianza o la administración en provecho propio, no basta con formar parte de una institución o intervenir en un proceso administrativo; es necesario acreditar una posición específica de administración, control o disposición sobre los bienes o recursos involucrados.
Desde su área, el defensor explicó que los casos más complejos que manejan se concentran en delitos económicos y corrupción pública, particularmente en figuras como lesión de confianza, administración en provecho propio y otros hechos vinculados a la gestión de fondos del Estado.
Pero más allá de la tipificación penal, el eje central —según detalló— es cómo se garantiza el debido proceso en este tipo de causas, donde la exposición pública suele ser alta y la presión social intensa.
Velázquez remarcó que en varios procesos de alto perfil mediático, la falta de prueba suficiente del perjuicio ha derivado en absoluciones, lo que —lejos de ser una anomalía— responde al funcionamiento correcto del sistema de garantías.
Seguridad jurídica: el punto que conecta justicia e inversión
En Paraguay, la atracción de inversiones depende en gran medida de la previsibilidad institucional. En ese sentido, Velázquez resaltó que el respeto al debido proceso es un componente directo de la seguridad jurídica.
Un sistema donde las reglas se aplican de forma clara, donde las pruebas son determinantes y donde no hay condenas sin sustento sólido, no solo fortalece la justicia, sino que también reduce la incertidumbre para el sector privado.
En esa línea, destacó que la Defensoría Pública no busca dilatar procesos, sino garantizar su correcta resolución dentro del marco legal, respetando la buena fe procesal y el Estado de Derecho.
Desde esa perspectiva, el debido proceso trasciende el ámbito estrictamente jurídico y se convierte en un factor económico: un sistema judicial confiable es también una condición esencial para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo.