La iniciativa apunta a establecer un marco normativo común que involucre a las autoridades nacionales y municipales, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para los visitantes y proteger sus derechos como consumidores.
Según la exposición de motivos, aunque los parques de diversiones son espacios populares de recreación, su funcionamiento puede implicar riesgos cuando no existen controles adecuados sobre las instalaciones, el mantenimiento de los equipos y las condiciones de seguridad.
La proponente del proyecto sostuvo que es necesario contar con un marco legal que regule la actividad y permita garantizar la seguridad de los ciudadanos. El planteamiento busca que el entretenimiento no quede sujeto únicamente a las disposiciones particulares de cada municipio.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la necesidad de unificar los requisitos mínimos para la instalación y el funcionamiento de los parques de diversiones. Actualmente, las municipalidades cuentan con normativas locales que pueden variar considerablemente entre una localidad y otra.
Esta diferencia, según el documento, dificulta la aplicación uniforme de estándares de seguridad y protección al consumidor. Por eso, el proyecto plantea la intervención coordinada de las autoridades públicas del orden nacional y distrital.
Entre las instituciones mencionadas figura el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), señalado en la iniciativa por su función de verificación y certificación técnica. La propuesta contempla la participación de este organismo y de las municipalidades en la aplicación de las disposiciones correspondientes.
El alcance comprende distintas etapas de la actividad: desde la instalación de las atracciones hasta su funcionamiento, operación, uso y explotación. De esta manera, la iniciativa busca establecer condiciones básicas que permitan ordenar el sector y mejorar los mecanismos de control.
La prevención de accidentes es uno de los argumentos que sustentan el proyecto. La exposición de motivos menciona casos en los que visitantes, especialmente niños y niñas, sufrieron lesiones e incluso enfrentaron situaciones que pusieron en riesgo sus vidas debido a la falta de mantenimiento y control de las instalaciones.
El documento también advierte sobre las dificultades que puede generar la ausencia de una regulación uniforme para determinar responsabilidades y brindar seguridad jurídica a los consumidores ante eventuales accidentes.
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto avanza en el proceso legislativo. La propuesta busca que la actividad de los parques de diversiones cuente con requisitos mínimos comunes y una mayor articulación entre las instituciones responsables de supervisarla.
Por ahora, la aprobación en Diputados no implica que las nuevas exigencias estén vigentes. Su aplicación dependerá de la conclusión del trámite legislativo correspondiente.