Por Rana Foroohar
A mediados de la década de 1990, durante los primeros días del Internet comercial, las compañías de plataformas de tecnología afirmaron firmemente que se asemejaban a la plaza del pueblo, o sea que eran conductos pasivos para las acciones de los demás, que podían facilitar una variedad de actividades y opiniones, pero que no eran responsables por ninguna de éstas. La idea era que los pequeños emprendedores que estaban lanzando foros y salas de chat o los primeros motores de búsqueda simplemente no tenían el poder legal ni económico para ser responsables por las acciones de los demás; y que exigir que asumieran esa responsabilidad obstaculizaría el desarrollo del Internet mismo.
Las cosas han cambiado desde entonces. Las principales compañías de Internet como Facebook y Google no sólo tienen la habilidad de monitorear todo lo que hacemos, sino que de hecho están vigilando cada vez más el Internet. Sólo hay que ver las acciones que tomaron Facebook, Google, GoDaddy y PayPal, a raíz de la violencia racial en Charlottesville, para bloquear o prohibir la presencia de grupos de odio de derecha en sus plataformas.
Se podría argumentar que esto es laudable, o no, dependiendo de tu postura frente a la “libertad de expresión” versus el “discurso del odio”. Pero el tema comercial clave que hemos ignorado durante estos eventos fue expuesto claramente por Matthew Prince, el director ejecutivo de Cloudflare, una empresa de infraestructura web que rehusó darle servicio al sitio web de derecha, Daily Stormer, bajo mucha presión del público y en contra de las políticas de la empresa misma. “Me desperté de mal humor y decidí que alguien no debería de estar en el Internet”, dijo el Sr. Prince después de tomar esa decisión. “Nadie debería de tener ese poder”.
Las poderosas compañías tecnológicas sí lo tienen. Sin embargo siguen beneficiándose, al menos en EEUU, de leyes que las tratan como si fueran “especiales” y que les permiten esquivar muchos temas legales que enfrentan las compañías en todos los demás sectores. Esto resulta en subvenciones corporativas de miles de millones de dólares para la industria más poderosa del mundo.
Este valioso beneficio proviene de una ley poco conocida de la Comisión Federal de Comercio. El artículo 230 de la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones (CDA, por sus siglas en inglés) que fue creado en 1996 para eximir a las empresas de tecnología de responsabilidad de casi todo tipo de contenido ilegal o acciones perpetradas por sus usuarios. En los últimos años, la industria de la tecnología ha invertido una tremenda cantidad de dinero y esfuerzo para garantizar que pueda seguir usando al artículo 230 como una “tarjeta para salir de la cárcel gratis".
Pero esta ley está siendo cuestionada por poderosos políticos. El 1 de agosto, un grupo bipartidista de senadores, encabezado por la demócrata Claire McCaskill y el republicano Rob Portman, presentó una enmienda al artículo 230 que haría responsables a las empresas de tecnología que, a sabiendas, facilitan el tráfico sexual. El ímpetu para esta movida fue el horror provocado por backpage.com, una empresa que activamente creó una plataforma para el tráfico sexual en línea para su propio beneficio.
Es una ley que ha obtenido el apoyo de todos, excepto el de las compañías tecnológicas más grandes y los grupos de presión de la industria. Les preocupa que podría abrir una caja de Pandora legal para ellos. Estos grupos tuvieron en su posesión una copia del proyecto de ley durante meses antes de su introducción, pero se negaron a revisar o editarlo durante su elaboración.
Las empresas dicen que se oponen a cualquier enmienda a 230; sugirieron alternativas como leyes penales más severas. Noah Theran, portavoz del Internet Association, un grupo comercial que representa a empresas como Google y Facebook, dice: "Toda la industria de Internet quiere poner fin al tráfico humano. Pero, hay maneras de hacerlo sin modificar una ley fundamental para los servicios legítimos de Internet".
Sin embargo, las principales empresas tecnológicas reconocen la disonancia cognitiva involucrada en la censura de la actividad en línea, mientras siguen presentándose como la plaza del pueblo. Sólo hay que considerar, por ejemplo, la reciente declaración de Electronic Frontier Foundation advirtiendo sobre la pendiente resbaladiza de la censura. La industria simplemente ya no tiene la capacidad ni el derecho de vigilarse a sí misma. En un mundo donde tiene el poder no sólo de avivar el discurso del odio y las noticias falsas, sino también de eliminarlos cuándo y dónde quiera, no hay duda de que actualmente el Internet es fundamentalmente diferente de lo que era en 1996, y que necesita reglas fundamentalmente diferentes.
Olivier Sylvain, profesor asociado de derecho en la Universidad de Fordham, señala que a medida que cambian y crecen el modelo de negocio y el poder de la tecnología, la ley también debiera hacerlo. Él propuso recientemente cambiar la CDA para proteger a los proveedores de responsabilidad por la conducta en línea de usuarios terceros sólo cuando los proveedores son verdaderamente pasivos.
"El concepto de inmunidad en 230 tal como se concibió originalmente ya no es relevante en un mundo en el que las empresas tecnológicas más grandes están diseñando un entorno en el que puedan extraer todo tipo de información sobre los usuarios para su propio beneficio", dice el Profesor Sylvain.
Los reguladores y los políticos deben tomar nota: la industria de Internet ya no debe tenerlo todo.
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