En conversación con InfoNegocios, Vysokolán explicó que la recolección de datos biométricos no es ilegal por sí misma. Actualmente, constituye una herramienta legítima para verificar la identidad de quienes abren cuentas a distancia, prevenir la suplantación de identidad y cumplir con las obligaciones de conocimiento del cliente establecidas en la normativa de prevención del lavado de activos.
Sin embargo, sostuvo que la gravedad jurídica no está determinada por la cantidad de personas involucradas, sino por las condiciones en que se recolectó, conservó y utilizó esa información. En ese sentido, planteó cuatro cuestiones: si la biometría era realmente necesaria para la finalidad declarada, si el cliente tenía una alternativa o debía aceptarla sin otra opción, si los datos se conservaron más allá de lo indispensable y si fueron utilizados o compartidos para fines distintos de la verificación de identidad.
“La gravedad no está en el volumen de datos, sino en la falta de justificación para recolectarlos, conservarlos o reutilizarlos”, afirmó.
El especialista recordó que la Ley N.º 7593/2025 califica expresamente como dato sensible la información biométrica que permite identificar de manera unívoca a una persona y establece, como punto de partida, la prohibición de tratarla, salvo excepciones taxativas.
A esto agregó un elemento que considera relevante en el caso de ueno: según el contrato de productos y servicios de la entidad, la aceptación mediante datos biométricos constituía la firma electrónica del cliente, en los términos de la Ley N.º 6822/2021. Es decir, el rostro no solamente identificaba a la persona, sino que también firmaba por ella.
Verificar no significa archivar indefinidamente
Respecto de los límites para recolectar, almacenar y utilizar información como huellas dactilares o datos de reconocimiento facial, Vysokolán identificó cuatro principios: proporcionalidad, consentimiento real, minimización y limitación de la finalidad.
En la etapa de recolección, explicó que solo debería solicitarse información biométrica cuando no exista otro medio menos invasivo e igualmente eficaz. Para ilustrarlo, diferenció la verificación de identidad mediante una comparación entre el rostro y la fotografía de la cédula de una persona, denominada comparación uno a uno, de la identificación uno a muchos, que permite reconocer a cualquier individuo dentro de una base de millones de registros. Esta última, sostuvo, requiere una justificación mucho más exigente.
También señaló que el consentimiento debe ser previo, libre, informado, inequívoco y otorgado para finalidades determinadas. Cuando la biometría es la única puerta de acceso a una cuenta o tarjeta, consideró que la libertad de esa decisión queda seriamente comprometida.
En cuanto al almacenamiento, indicó que verificar la identidad no significa conservar indefinidamente la imagen o el video utilizado para la prueba de vida. Una vez cumplida la validación, estos registros no deberían mantenerse de manera permanente y, como máximo, podría conservarse una plantilla cifrada durante el tiempo estrictamente necesario.
“Verificar la identidad de un cliente no autoriza a archivar su rostro para siempre”, remarcó.
Compartir datos con empresas del mismo grupo también tiene límites
Sobre la posibilidad de utilizar la información biométrica para otros fines comerciales o compartirla con empresas vinculadas al mismo grupo económico, Vysokolán sostuvo que esto no puede hacerse válidamente sin una legitimación específica.
Su argumento se apoya en tres aspectos: el secreto bancario establecido en la Ley N.º 861/1996, el principio de finalidad y las condiciones del consentimiento. Explicó que la obligación de reserva de las entidades financieras no desaparece porque quien recibe la información pertenezca al mismo grupo económico. Desde el punto de vista del banco, una empresa vinculada también es un tercero.
Asimismo, advirtió que los datos recopilados para verificar la identidad de un cliente y prevenir fraudes no pueden utilizarse automáticamente para controlar el ingreso a eventos, perfilar hábitos de consumo o alimentar otras líneas de negocio.
Hizo referencia a los términos y condiciones de la identidad digital asociada al ecosistema, sobre los cuales señaló que se habría informado de la posibilidad de explotar imágenes y datos biométricos, con o sin fines comerciales, además de transferirlos a terceros y empresas del conglomerado. A su criterio, una cláusula de adhesión con ese alcance no satisface el estándar de especificidad exigido para el tratamiento de datos sensibles.
“Para el banco, una empresa del mismo grupo es jurídicamente un tercero. El parentesco societario no habilita compartir datos”, expresó.
¿Quién debe custodiar los datos tras la resolución?
Sobre el destino de la información biométrica tras la intervención y el proceso de resolución de ueno bank, Vysokolán explicó que la Ley N.º 2334/2003 establece que, desde el inicio del procedimiento, los interventores designados por la Superintendencia de Bancos toman posesión de los libros y registros de la entidad y asumen su conservación, mientras que los directores y gerentes cesan en sus funciones.
Por lo tanto, sostuvo que corresponde a los interventores resguardar las bases de datos, incluidas las biométricas, y responder por su integridad y confidencialidad. Si parte de la información está alojada en proveedores tecnológicos externos, también deben exigir que sea preservada y que no se utilice para otros fines.
El abogado hizo una distinción entre la transferencia de activos financieros y el tratamiento de los datos personales. Una cartera de créditos, por ejemplo, puede pasar a otra entidad junto con la información estrictamente necesaria para administrarla, como la identificación del deudor, las condiciones del préstamo y el historial de pagos.
Sin embargo, consideró que una base biométrica no puede valuarse en un balance de exclusión ni adjudicarse al mejor postor. Tampoco puede considerarse parte del patrimonio de los accionistas o de las empresas vinculadas al grupo, ya que la titularidad de los datos corresponde a cada persona y la entidad financiera actúa únicamente como custodio.
“Los datos personales acompañan a la relación jurídica del cliente; no se desprenden de ella para ser comercializados como un bien autónomo”, explicó.
En caso de que esa información llegue a manos de terceros de manera irregular, señaló que podrían generarse consecuencias en tres ámbitos: administrativo, ante el Banco Central del Paraguay; civil, por daños y perjuicios; y penal, si se configuran hechos punibles relacionados con datos. En ese sentido, advirtió que quien adquiere una base de origen ilícito no adquiere un derecho, sino una responsabilidad.
Los clientes no están desprotegidos
Finalmente, Vysokolán aclaró que, aunque la Ley N.º 7593/2025 de Protección de Datos Personales tiene prevista su entrada en vigencia para noviembre de 2027, eso no significa que actualmente los ciudadanos estén desprotegidos.
Entre las herramientas disponibles mencionó la Constitución Nacional, la Ley N.º 6534/2020, vigente para datos personales crediticios; la Ley N.º 1334/1998 de Defensa del Consumidor; las disposiciones sobre secreto bancario de la Ley N.º 861/1996; y las vías de responsabilidad civil y penal.
También destacó que el hábeas data permite a los ciudadanos exigir información y protección respecto de sus datos personales. Agregó que, aunque la nueva legislación todavía no sea exigible, sus principios ya constituyen un estándar de referencia para jueces y reguladores al interpretar los derechos involucrados.
“La nueva ley todavía no obliga, pero ya orienta. Y mientras tanto, el hábeas data sigue siendo la llave más poderosa del ciudadano”, concluyó.
Sin duda, este caso enseña que, en la economía digital, la confianza del cliente ya no depende únicamente de la solvencia de su banco, sino también de cómo se custodia su identidad.