Desde hace más de una década, el sector importador convive con este mecanismo, inicialmente vinculado a cosméticos. Sin embargo, desde 2023 se extendió también a alimentos y bebidas, lo que genera preocupación tanto en las autoridades sanitarias como en los gremios de importadores.
Por el lado del sector privado, Juan Pablo Jaeggli, vicepresidente de la Cámara de Importadores Perfumes y Cosméticos (Caimpeco) y miembro del directorio del Centro de Importadores (CIP), coincidió en la gravedad del problema. “Cuando la medida era solo para cosméticos y perfumes, ya metían cualquier cosa. Se aprovecharon de esa inmunidad que le daba la Corte para ingresar suplementos alimenticios y otros productos”, explicó.
Jaeggli apuntó a los riesgos que esto genera en el mercado: “Ya hubo denuncias de productos en mal estado, muchas veces ingresados por empresas de maletín, sin trazabilidad, comprando saldos de stock sin importar si estaban vencidos o por vencer”.
El representante resaltó que el perjuicio no es solo sanitario, sino también legal y comercial: “Muchos productos tienen representación y distribución oficial en Paraguay. El día que pase algo con esas marcas, la responsabilidad va a caer sobre los distribuidores legales o el Estado, mientras las empresas que trajeron esos productos quedan en la sombra”.
Para el CIP, la falta de resolución definitiva por parte de la Corte Suprema agrava el escenario: “Mientras siga en el limbo, la Corte, de hecho, está autorizando estas importaciones. Y lo peor es que muchas de esas empresas están lideradas o representadas por personas con antecedentes de lavado de dinero y narcotráfico”, denunció.
¿Qué dice el sector público?
El titular de Dinavisa, Jorge Iliou Silvero, fue categórico: “Los alimentos se introducen al organismo humano, y si es que no tienen las garantías de la autoridad sanitaria para su ingreso al país, para su transporte, con las condiciones de transporte y almacenamiento, pueden causarle problemas sanitarios muy graves a los ciudadanos”.
Iliou advirtió que la trazabilidad se pierde cuando los productos ingresan sin controles, dificultando la detección y retiro de lotes defectuosos: “Se tiene que tener una cadena de trazabilidad de los productos para que, en caso de un desvío de calidad, se pueda retirar inmediatamente todo el lote del mercado y que ningún ciudadano siga consumiendo algo que pueda dañar su salud”.
El funcionario insistió en que estas medidas no solo afectan a Dinavisa, sino que debilitan la institucionalidad: “No estamos hablando de vestimenta o inmuebles, estamos hablando de productos que pueden ocasionar daño a seres humanos. Deberíamos respetar la autoridad sanitaria porque, de lo contrario, se facilita la proliferación de productos falsificados y de contrabando”.
¿Hacia dónde apunta la solución?
Tanto Dinavisa como el CIP coinciden en la necesidad de que se respete el Código Sanitario y que la Corte resuelva de fondo las medidas cautelares. El Poder Legislativo también se sumó al debate, ya que según Jaeggli, los parlamentarios se mostraron abiertos a revisar la normativa para “reencauzar el orden legal” y devolver a la autoridad sanitaria la potestad de controlar lo que ingresa al país.
Mientras tanto, la tensión persiste entre la urgencia empresarial por importar y la obligación del Estado de resguardar la salud pública. Lo que comenzó como una discusión sobre cosméticos y competencia desleal, hoy se convirtió en un tema de alto riesgo sanitario y de institucionalidad.