El titular del gremio explicó que el problema se arrastra desde el año pasado. Según detalló, las constructoras mantienen contratos anuales con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por alrededor de US$ 1.000 millones, lo que representa una facturación cercana a US$ 80 millones mensuales. Sin embargo, señaló que desde marzo o abril de 2025 el Gobierno solo desembolsa aproximadamente la mitad de ese monto.
Esa situación acumuló la deuda que hoy supera los US$ 360 millones. Heisecke recordó que el sector recibió promesas de regularización por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que inicialmente aseguró que cancelaría los compromisos entre enero y marzo de este año. No obstante, el dirigente afirmó que hasta ahora las empresas solo reciben nuevas propuestas de pago cada tres o cuatro meses, sin una solución concreta.
El presidente de Capaco aseguró que el sector llegó a un punto límite. Explicó que muchas empresas ya no tienen acceso a líneas de crédito ni a financiamiento de proveedores, debido al atraso en los pagos estatales. Incluso indicó que las constructoras también acumulan deudas con proveedores y aseguradoras, lo que genera un efecto en cadena en toda la cadena productiva vinculada a las obras públicas.
Como consecuencia, algunas obras no se reiniciaron este año y otras podrían paralizarse en las próximas semanas. Heisecke advirtió que, si el 10% de los proyectos de infraestructura se detiene, el sector podría perder entre 20.000 y 25.000 puestos de trabajo, considerando tanto empleos directos como indirectos.
El dirigente señaló que el impacto laboral se concentrará principalmente en las obras públicas, aunque reconoció que el sector privado continúa impulsando algunos proyectos inmobiliarios, como nuevos edificios y desarrollos urbanos. Sin embargo, aclaró que ese dinamismo no alcanza para compensar la posible caída en la construcción vinculada al Estado.
Además del empleo, el empresario alertó sobre las consecuencias para la imagen del país ante los inversionistas. Explicó que la infraestructura constituye un factor clave para atraer capital extranjero, ya que las empresas que evalúan instalar industrias en Paraguay analizan la disponibilidad de rutas, hospitales, escuelas y servicios básicos antes de tomar una decisión.
“Si se paraliza la inversión en infraestructura, el sector privado del exterior va a dejar de mirar a Paraguay con los ojos con los que hoy lo está mirando”, afirmó Heisecke. En ese sentido, sostuvo que la falta de obras públicas podría afectar proyectos industriales que requieren condiciones logísticas y sociales adecuadas para instalarse.
El titular de Capaco también recordó que Paraguay aún mantiene un déficit importante en infraestructura en comparación con otros países de la región. Según estimaciones del sector, el país necesita invertir al menos US$ 1.000 millones anuales en obras públicas, mientras que estudios recientes calculan que la demanda de inversión podría alcanzar US$ 30.000 millones en los próximos diez años.
Ante este escenario, el gremio reiteró su pedido al Gobierno para que establezca un plan claro de pago de la deuda y garantice la continuidad de los proyectos de infraestructura. Heisecke sostuvo que el objetivo del sector no consiste en paralizar obras ni afectar la imagen del país, sino advertir sobre una situación que, según afirmó, ya comienza a impactar en la economía y en el empleo.