El documento también indica que más de 11 millones de personas en la región trabajan en estos rubros –maestros, médicos y enfermeros– y que en 40 años la cantidad de estos profesionales se cuadruplicó. Según el documento, estos trabajadores del sector social aumentaron sus ingresos 35,3% entre 2000 y 2015.
Pero de forma general, el BID considera que en América Latina y el Caribe el mercado laboral no funciona como debería; la mayoría de los trabajos son informales y sin acceso a la seguridad social, son inestables y poco productivos.
La economista del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), Verónica Serafini, sugirió algunos ajustes en las políticas laborales para incrementar el nivel de desarrollo social del país. Resaltó que si es que queremos que el empleo sea la bisagra entre el desempeño económico y el bienestar social, necesitamos empleos mejor pagados y con seguridad social.
“Estos empleos deben ser generados en el marco de una mayor productividad y para eso se requieren políticas en muchos ámbitos, como mayor cobertura y calidad de la educación básica y media, la formación laboral, asistencia técnica para mejorar la producción de la agricultura familiar y de las mipymes, acceso a créditos, políticas de encadenamientos productivos y apertura de mejores mercados”, señaló Serafini.
Sobre el trabajo en relación de dependencia, la economista consideró necesario reforzar la fiscalización para que se cumplan las leyes laborales, teniendo en cuenta que existen casos en que eso no ocurre, aunque sean ramas altamente rentables.
“En el caso de las mipymes necesariamente hay que ver de qué manera es posible garantizar empleos de calidad. Probablemente podrían implementarse regímenes de protección social diferenciados que no impliquen, a largo plazo, tener personas que habiendo trabajado toda su vida, terminen en la pobreza”, añadió.
Productividad
En relación a los empleos más productivos y los que se proyectan para tener incidencia social considerable, Serafini admitió que no existe este tipo de registro como para dar un dato acertado, pero se refirió como categórica la necesidad de elaborar políticas que garanticen el funcionamiento del mercado de manera más competitiva.
“El mercado de cualquier bien o servicio en Paraguay es pequeño y las desigualdades también se expresan en conductas oligopólicas en la mayoría de ellos. Por ejemplo, la agricultura familiar y el rol de los intermediarios, es decir, bajos precios para los productores y altos precios para los consumidores”, caracterizó.
La falta de competitividad del mercado, según Serafini, también se refleja es la situación desigual en la que están las mipymes proveedoras de grandes empresas, que fijan precios, condiciones de pago, de acceso y permanencia a las mipymes, por lo cual salen perjudicadas.
Claridad para definir la política de empleo
Sobre los tipos de empleos que necesitamos en el país para aumentar el desarrollo, Serafini consideró que para descifrar qué trabajos deben fomentarse, hay que realizar un buen diagnóstico.
“Si bien existe un plan de desarrollo, este le da mucha fuerza a ramas económicas que no absorben empleos en cantidad ni calidad. Las actividades agroexportadoras crean pocos empleos en términos relativos, pasa lo mismo con muchas actividades industriales o de servicios”, afirmó.
Asimismo, la economista resaltó que el sistema de incentivos fiscales está diseñado para impulsar empleos de baja calidad, situación que dificulta el desarrollo. “Tenemos que dejar de ofrecer al país como uno barato, que es sinónimo de baja inversión en capital humano y eso significa baja productividad del trabajo”, afirmó.
Políticas útiles
Para Serafini son cinco los ejes que deberían trabajarse:
Política educativa: para formar ciudadanos autónomos, capaces de innovar y transformarse permanentemente a la velocidad de los cambios, con visión crítica, de largo plazo y con capacidad para generar capital social.
Política de salud: con perspectiva de derecho y productividad, esto ayudaría a disminuir el endeudamiento en Paraguay, el gasto de bolsillo en salud y la desprotección social.
Una política de cuidado: teniendo en cuenta que la mitad de las mujeres adultas están fuera del mercado laboral y las que trabajan lo hacen en su mayoría de manera precaria porque sus responsabilidades familiares les obligan a tomar trabajos con flexibilidad, lo que se traduce en bajos y volátiles ingresos, baja cobertura de seguridad social y poca probabilidad de inclusión en programas de acceso a créditos, mercados o asistencia técnica.
Política laboral: que incluya la formación técnica y laboral, pero aumentando sustancialmente la cobertura y sobre todo la calidad, alineándose a las necesidades del mercado.
Políticas de desarrollo: dirigidas a la agricultura familiar y a las mipymes, ya que son las que mayor empleo generan.
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