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Las centrales obreras consideran que los ajustes salariales son insuficientes. Ramón Ávalos, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) comentó que “muchos argumentan que la canasta básica familiar, que refleja el costo de los bienes y servicios esenciales, no se utiliza adecuadamente como parámetro; en cambio, los índices generales de precios no reflejan con precisión el impacto de la inflación en la vida cotidiana de los trabajadores”.
Conasam confirmó que en junio habrá una reunión para preparar el reajuste del salario mínimo legal vigente. Los miembros del consejo estimaron que el ajuste podría alcanzar G. 107.000, de acuerdo a la ley que establece el reajuste salarial basado en la inflación, y al IPC calculado por el BCP.
La CNT afirmó que el salario mínimo actual es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, y proponen una revisión del método de análisis. Como medida sugieren que los ajustes deberían basarse más en el costo de la canasta básica, asegurando así que el sueldo mínimo tenga un valor efectivo y que cumpla su propósito de garantizar una vida digna a los trabajadores.
El aumento del salario mínimo puede tener un impacto significativo en la economía paraguaya. Un incremento tiende a elevar los costos de la canasta básica y otros bienes y servicios, ya que estos ajustes influyen en más de 134 normativas que regulan aspectos como pagos de impuestos y multas.
“Este efecto arrastre del salario mínimo puede hacer que el beneficio del reajuste se vuelva invisible para los trabajadores debido a la inflación subsiguiente. En otros países de la región, el salario mínimo está desindexado para evitar que los aumentos sean absorbidos rápidamente por la inflación. Esta desindexación garantiza que los reajustes mantengan su valor efectivo y mejoren realmente el poder adquisitivo de los trabajadores”, manifestó Ramón Ávalos.
Para Ávalos, un desafío importante es la alta informalidad laboral en Paraguay, con más del 48% de las empresas que no cumplen con las leyes laborales, según datos del Ministerio de Trabajo. Esta informalidad dificulta la implementación efectiva de cualquier reajuste salarial y afecta negativamente a los trabajadores que no están formalmente registrados.
Afirmó asimismo que para abordar estos problemas, se necesita una acción más decidida del Ministerio de Trabajo para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales. Sin embargo, dijo, la informalidad sigue siendo un obstáculo significativo, impidiendo que muchos trabajadores se beneficien con los aumentos salariales.
“El sector trabajador aboga por que el salario mínimo se considere una política de Estado, lo que podría ayudar a mitigar los efectos negativos del reajuste salarial y a asegurar un impacto positivo más duradero. Esto requiere un compromiso de políticas públicas coherentes y efectivas que apoyen tanto a los trabajadores formales como a los informales”, remarcó.
