La concesión abarca el dragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y cobro de peaje desde la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay hasta el Río de la Plata. Jan De Nul, que ya operó la vía entre 1995 y 2021, competía con la también belga DEME, que quedó en segundo lugar tras obtener un menor puntaje en la evaluación técnica.
El contrato, cuya firma está prevista en un plazo máximo de 30 días, contempla una rebaja inmediata del 13,5% en los costos logísticos y proyecta inversiones cercanas a los US$ 10.000 millones. El nuevo operador estima una facturación anual promedio de US$ 628 millones, lo que, al término de la concesión, ascendería a más de US$ 15.000 millones.
Las obras comprometidas incluyen la profundización del canal hasta los 44 pies para permitir el ingreso de buques de mayor porte, la incorporación de tecnología para mejorar la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico. El proceso licitatorio, que contó con el respaldo de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador, no registró impugnaciones formales por parte de las empresas participantes.
En relación con esta concesión, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), Bernd Gunther, manifestó que su gremio está participando activamente en todos los foros convocados por la AMPIN, entidad que forma parte del consejo consultivo del concesionario, con el objetivo de seguir de cerca el avance de las obras.
Gunther señaló que están atentos a cómo se formaliza el contrato con Jan De Nul, especialmente en lo referido a la tarifa del peaje, que calificó como “el punto de debate” permanente. Entre los aspectos a discutir mencionó los TRN que navegan por la hidrovía, el costo del balizamiento, la cantidad de boyas y la unidad de medida de los TRN, que, desde su perspectiva, no es la más apropiada.
El dirigente advirtió que existen numerosas discusiones y subtemas derivados de la tarifa del peaje, y que precisamente esos aspectos son los que están evaluando mientras avanza esta nueva concesión.
Cabe recordar que Cafym ya había expresado en ocasiones anteriores que el monto de US$ 1,47 por tonelada de registro neto era “excesivo, carecía de justificación técnica y no correspondía a una contraprestación efectiva de servicios”, planteando objeciones sobre el criterio técnico de señalización, la estructura de costos y el cálculo del denominador utilizado para fijar la tarifa.