Construcción sin cimiento financiero: US$ 350 millones de deuda ponen a 40.000 empleos contra las cuerdas

(Por SR) Capaco advierte que los atrasos del Estado comprometen la continuidad de las obras, la estabilidad de las empresas contratistas y miles de puestos de trabajo.

La industria de la construcción vuelve a encender las alarmas ante el deterioro de su situación financiera. La deuda del Estado con las empresas del sector ronda los US$ 350 millones, entre capital e intereses, mientras que los atrasos en los desembolsos, la falta de acceso al crédito y los trámites pendientes en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) profundizan la presión sobre las contratistas.

En una entrevista con InfoNegocios, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, describió un panorama complejo luego de una reunión con el vicepresidente de la República, Antonio Barrios, en la que representantes del gremio expusieron las dificultades que atraviesan las empresas.

“Este año se había mejorado en cierta medida, pero en los últimos meses volvimos a lo que pasamos el año pasado”, expresó. Según explicó, la deuda estatal volvió a ubicarse en torno a los US$ 200 millones, sin considerar los intereses y otros compromisos pendientes, luego de que el ejercicio anterior cerrara con obligaciones cercanas a los US$ 250 millones.

El dirigente señaló que la disminución de los pagos públicos está dejando a las constructoras sin margen financiero para sostener sus operaciones. “No tenemos acceso a líneas de crédito. Para los bancos somos un sector con riesgo muy alto. No cobramos y nuestros proveedores también están en una situación demasiado incómoda”, afirmó.

La preocupación ya no se limita a las dificultades de caja. Heisecke sostuvo que existen obras paralizadas y que podrían sumarse otras hacia el cierre del mes, debido a la imposibilidad de afrontar compromisos básicos como la compra de cemento, varillas y combustible, así como el pago a proveedores.

“Esto no es una amenaza de paralización, es una realidad. Hay obras que están paralizadas y a fin de mes habrá más”, advirtió.

A la deuda acumulada se suman los procesos administrativos que siguen pendientes de resolución en el MOPC. De acuerdo con los datos difundidos por Capaco, a octubre de 2026 existen 176 procesos en trámite por un valor total de G. 730.013.641.001, equivalentes a aproximadamente US$ 121,7 millones.

Estos expedientes involucran a 83 empresas y consorcios contratistas y se distribuyen entre 48 convenios modificatorios, por G. 566.097.906.030, y 126 reajustes de precios, por G. 163.763.424.156.

Los convenios modificatorios representan el 77,5% del monto total pendiente, mientras que los reajustes concentran el 22,4%. En otras palabras, más de tres de cada cuatro guaraníes involucrados en estos trámites corresponden a modificaciones contractuales.

Desde el Centro de Estudios Económicos de la Construcción (CEEC) de Capaco advierten que estos compromisos se agregan a la deuda estatal que, entre capital e intereses, ronda los US$ 350 millones.

La cámara sostiene que cada trámite demorado y cada pago postergado encarecen las obras y afectan directamente el flujo de caja de las empresas, sus proveedores y el empleo.

Hasta 40.000 trabajadores en riesgo

El impacto también amenaza con trasladarse al mercado laboral. Según Heisecke, el sector ocupa aproximadamente a 300.000 personas, pero la falta de regularización de los pagos podría dejar entre 30.000 y 40.000 trabajadores sin empleo.

“Yo no te digo que 300.000 se den a la calle, pero con seguridad 30.000 a 40.000 van a estar sin trabajo si no podemos cobrar lo que se nos debe”, manifestó.

El titular de Capaco también relató que algunas empresas ya llegaron a situaciones límite. Mencionó el caso de una firma con 38 años de trayectoria que debió desprenderse de los activos acumulados durante décadas para sostener sus operaciones y buscar una salida a su convocatoria de acreedores.

“Su patrimonio está en juego. Hay empresarios que no son tan grandes y cuyo patrimonio es el de su familia. Después de construir unos kilómetros de ruta pueden volver a la pobreza”, señaló.

En ese contexto, el gremio aguarda respuestas concretas del Gobierno. Heisecke adelantó que mantendrían una nueva reunión con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja, y el ministro de Economía, para exponer la situación y buscar alternativas.

“Ya no queremos dar propuestas, queremos cobrar. Queremos cobrar nuestros derechos”, concluyó, al recordar que el sector anteriormente había planteado mecanismos como la emisión de bonos y la cesión de derechos de cobro, sin obtener una respuesta favorable.

Para las constructoras, el desafío inmediato es recuperar la previsibilidad financiera. Sin pagos oportunos, las empresas pierden capacidad de ejecución, los proveedores restringen sus operaciones y la continuidad de las obras públicas queda comprometida.

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