La situación generada en torno a Banco Ueno y sus posibles consecuencias económicas motivaron un pronunciamiento conjunto de 125 gremios y organizaciones empresariales y de la sociedad civil, que solicitaron al presidente de la República la adopción de medidas para recuperar la confianza, fortalecer la institucionalidad y preservar la estabilidad económica.
A través de una carta fechada el 10 de noviembre, representantes de distintos sectores productivos plantearon la necesidad de reformular el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, reducir gastos considerados improductivos, fortalecer los mecanismos de control y establecer medidas que permitan recuperar la confianza de los inversionistas y agentes económicos.
Los firmantes consideran que el nuevo escenario político y financiero exige decisiones que permitan proteger el grado de inversión, sostener la generación de empleo y garantizar una administración responsable de los recursos públicos.
“Paraguay no tiene más margen de error”, expresaron en el documento, al advertir que la recuperación de la confianza requiere instituciones independientes, rigor técnico y respeto al Estado de derecho.
Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), destacó la participación conjunta de los gremios y explicó que la principal preocupación es evitar que el presupuesto del próximo año sea aprobado sin considerar las consecuencias económicas de la situación actual.
El empresario calificó como un hecho histórico la coincidencia de 125 organizaciones en torno a una propuesta común y señaló que la intención es trabajar con el Poder Ejecutivo para encontrar alternativas que permitan reformular el PGN 2027.
“No podemos seguir adelante con la aprobación de un presupuesto como si la crisis no hubiera ocurrido y entendemos nosotros que unas reformas de tipo maquillaje y bajar el solamente algunos gastos de bocaditos y otros menores no son las reformas que necesitamos”, expresó.
Un presupuesto que debe ajustarse a la nueva realidad
Los gremios sostienen que el documento presupuestario no contempla adecuadamente las consecuencias del nuevo escenario económico y cuestionan las estimaciones de ingresos, las previsiones de reducción del déficit y determinados compromisos de gasto.
Dumot explicó que estas preocupaciones ya existían antes de la situación generada en torno a Ueno. El sector privado venía trabajando en sugerencias para modificar el proyecto presentado durante la administración anterior, al considerar que incluía gastos sin financiamiento suficiente y proyecciones de ingresos que podrían no cumplirse.
Estas condiciones podrían derivar en un déficit fiscal superior al previsto y en una mayor necesidad de endeudamiento público.
“No podemos seguir adelante con la aprobación de un presupuesto como si la crisis no hubiera ocurrido”, remarcó.
Los cambios necesarios deben ir más allá de la eliminación de gastos menores y apuntar a una revisión integral de las prioridades del Estado.
En esa línea, los gremios solicitaron una reformulación que contemple ingresos realistas, gastos financiables y el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, incluyendo la convergencia hacia un déficit del 1,5% del producto interno bruto (PIB).
La preocupación empresarial también alcanza al financiamiento del Estado. En la carta, advierten sobre un posible deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana, lo que podría traducirse en mayores costos financieros.
Dumot adelantó que los representantes del sector privado tienen prevista una reunión con el ministro de Economía el viernes, con el objetivo de analizar cómo podrían participar en una revisión profunda del presupuesto durante su tratamiento en la Cámara de Senadores.
Afirmó que, debido a los plazos legislativos, consideran difícil introducir modificaciones de fondo durante la etapa de estudio en Diputados, que está prevista para este jueves.
Advierten sobre pérdidas económicas y riesgos para el empleo
El documento vincula la necesidad de revisar las cuentas públicas con las consecuencias económicas de la situación de Ueno.
Los firmantes estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5% y el 2% del PIB y mencionan la pérdida de más de 5.000 empleos, con el riesgo de que esa cifra aumente.
Asimismo, advierten sobre una reducción del movimiento comercial y la posibilidad de que numerosas pequeñas y medianas empresas enfrenten dificultades que deriven en recortes de operaciones o cierres.
En ese contexto, Dumot sostuvo que el impacto ya se está sintiendo en la actividad comercial, aunque aclaró que todavía es difícil determinar cuánto tiempo podría prolongarse.
Según las referencias que maneja el gremio, las ventas estarían registrando una caída promedio de al menos el 50%, con sectores que reportan reducciones de entre el 40% y el 70%. “Hoy hay una mezcla de susto y de precaución de la gente”, añadió.
El presidente del CIP advirtió que esta situación resulta especialmente preocupante por la cercanía de las fiestas de fin de año, un período en el que algunas empresas concentran hasta el 40% de su facturación anual.
Si bien manifestó su expectativa de que la contracción actual no se mantenga en los próximos meses, consideró que las consecuencias sobre la economía serán relevantes.
Por ese motivo, el presupuesto del próximo año debe contemplar medidas específicas para estimular la actividad económica y acompañar a los sectores afectados.
“El presupuesto 2027 tiene que tener un capítulo dedicado a la reactivación de la economía”, subrayó.
Entre las alternativas, mencionó la necesidad de fortalecer la inversión en infraestructura y obra pública, al considerar que puede contribuir a dinamizar la actividad y generar empleo.
También planteó la importancia de estudiar mecanismos de resarcimiento para los ahorristas afectados y medidas de apoyo a las mipymes que podrían enfrentar dificultades financieras y operativas.
Dumot expresó preocupación por los depósitos privados que no cuentan con cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos y advirtió que, según su evaluación de la situación, existe el riesgo de que una parte importante de esos recursos no pueda recuperarse.
Menos gasto corriente y revisión de privilegios
Una de las principales exigencias del sector privado es la reducción del gasto corriente que considera improductivo.
Solicitaron eliminar aumentos salariales injustificados, privilegios corporativos y gastos superfluos, además de revisar partidas destinadas a pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.
También propusieron limitar la cobertura de las aproximadamente 10.000 vacancias anuales a las áreas consideradas esenciales y reducir las contrataciones que no respondan a necesidades prioritarias.
Según el documento, los recursos liberados mediante estos ajustes deberían destinarse principalmente a salud, seguridad ciudadana y educación pública.
Sin embargo, Dumot insistió en que estas medidas, aunque necesarias desde la perspectiva empresarial, no serían suficientes para enfrentar las consecuencias del nuevo escenario económico.
A su criterio, la discusión presupuestaria debe incorporar una revisión más amplia de los programas estatales, sus costos y los resultados que generan.
Los firmantes también reclamaron una revisión de los programas sociales y subsidios, de manera que sus beneficiarios estén debidamente identificados y las asignaciones puedan justificarse mediante resultados concretos.
La reforma de la Caja Fiscal aparece entre las prioridades señaladas. Las organizaciones sostienen que su déficit no puede continuar trasladándose a los contribuyentes y piden impulsar modificaciones que permitan corregir el desequilibrio.
Proponen transparentar dónde están depositados los fondos públicos
Entre las medidas planteadas figura una propuesta vinculada directamente con la administración de los recursos del Estado.
Los gremios solicitaron establecer por ley un registro de actualización diaria que permita identificar los fondos depositados por cada institución pública, la entidad bancaria que los administra, los montos, las modalidades y los plazos de los depósitos.
La iniciativa permitiría contar con información consolidada sobre la distribución de los recursos públicos dentro del sistema financiero y facilitaría la identificación de posibles concentraciones de fondos en determinadas entidades bancarias.
Dumot explicó que el objetivo es evitar situaciones en las que, ante una crisis financiera, se conozcan montos de depósitos públicos diferentes de los que se habían informado inicialmente.
A su criterio, la disponibilidad de información diaria y accesible permitiría mejorar la transparencia y el seguimiento de los recursos estatales.
En materia de protección de los ahorristas, las organizaciones también propusieron crear mecanismos legales para destinar los bienes recuperados de los responsables y liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) al resarcimiento de personas cuyos depósitos no estén cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Formalización, contrabando y otras propuestas económicas
La carta también incorpora medidas relacionadas con la actividad productiva y comercial.
Entre ellas se encuentran el fortalecimiento de las campañas de formalización económica, con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes, así como el aumento de los controles contra el contrabando para proteger la inversión nacional.
En cuanto a la infraestructura vial, los firmantes propusieron optimizar la recaudación de peajes, con la intervención de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) dentro de sus competencias, y destinar los recursos al mantenimiento de las rutas.
También plantearon integrar el área de turismo al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes.
En el ámbito previsional, solicitaron dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social para garantizar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
El sector privado ofrece participar en la recuperación
Además de los reclamos dirigidos al Gobierno, las organizaciones asumieron compromisos relacionados con la recuperación económica y el fortalecimiento institucional.
Los gremios pusieron a disposición de las autoridades sus equipos técnicos para colaborar en la reformulación del PGN 2027 y en la elaboración de medidas destinadas a restablecer la confianza.
Dumot aclaró que el pronunciamiento no debe interpretarse como una crítica a la administración que acaba de asumir, sino como una disposición del sector privado a participar en la búsqueda de soluciones.
En ese sentido, consideró necesario que los representantes empresariales sean escuchados durante el proceso de revisión presupuestaria y puedan aportar propuestas para enfrentar las consecuencias económicas de la situación actual.
Asimismo, manifestó que la responsabilidad de fortalecer los controles y prevenir irregularidades no corresponde exclusivamente al Estado.
Los gremios también deben asumir un papel de vigilancia sobre las prácticas empresariales y denunciar las irregularidades que puedan producirse dentro del propio sector privado.
Esta posición acompaña el compromiso expresado en la carta de promover mejores prácticas de gobierno corporativo, transparencia y cumplimiento normativo.
Las organizaciones también manifestaron su disposición a impulsar una agenda conjunta de atracción de inversiones productivas en sectores estratégicos, con el objetivo de generar empleo formal.