La resolución a la entidad financiera y el cambio en la conducción del Poder Ejecutivo colocan a la economía paraguaya frente a un desafío que va más allá de la situación de una entidad financiera: preservar la confianza. En un escenario en el que los inversionistas observan las señales institucionales y los agentes económicos ajustan sus decisiones ante la incertidumbre, el sector privado podría sentir los efectos a través del mercado cambiario, el financiamiento y una mayor cautela en las decisiones de inversión.
Por otra parte, cadenas de noticias internacionales se hicieron eco de lo sucedido con la salida de Peña: desde El Cronista, Bloomberg, CNN, BBC, El País, DW, France 24, El Mundo hasta Business Insider, y New York Times.
Para el economista Manuel Ferreira, la salida de Santiago Peña podría contribuir a recuperar parte de la credibilidad perdida durante los últimos acontecimientos. Considera que “el impacto económico de la transición será limitado si se consigue avanzar rápidamente en la normalización de los pagos a los ahorristas afectados y en la definición de las nuevas autoridades”.
"Creo que el impacto de la renuncia de Peña va a ayudar a mejorar enormemente la credibilidad, porque nadie confía ya más en el presidente Peña", sostuvo en una entrevista con InfoNegocios.
No obstante, el economista advirtió que el frente internacional presenta desafíos adicionales. La preocupación no pasa únicamente por la incertidumbre, sino también por la percepción que puedan construir los mercados y los inversionistas extranjeros sobre la capacidad institucional del país para resolverla.
Uno de los indicadores en los que ya se perciben algunos efectos es el mercado de bonos soberanos. Ferreira mencionó que determinados títulos paraguayos registraron retrocesos en sus precios, especialmente aquellos con vencimientos a más largo plazo.
Aunque calificó estos movimientos como moderados, reconoció que reflejan cierta cautela de los inversionistas frente al escenario político y económico.
El dólar también comenzó a mostrar movimientos asociados a la incertidumbre. No obstante, el economista considera que la mayor demanda de divisas responde principalmente a una reacción de precaución de los agentes económicos y no necesariamente a un cambio en los fundamentos de la economía paraguaya.
"Eso no quiere decir que sigan existiendo las condiciones básicas para que esto continúe con la tendencia anterior", explicó.
Para Ferreira, la evolución de estas variables dependerá de la rapidez con la que se complete la transición, se designen las nuevas autoridades y se normalicen los pagos correspondientes a los ahorristas. También consideró importante que el nuevo gobierno establezca contactos tempranos con las calificadoras de riesgo y los tenedores de deuda soberana para transmitir previsibilidad.
Este escenario importa directamente al sector privado, ya que la percepción del riesgo país, las variaciones cambiarias y las condiciones de financiamiento inciden en los costos de las empresas y en sus decisiones de inversión.
El fantasma de los años 90 y las diferencias con el sistema actual
Por su parte, el economista Daniel Correa planteó que el caso ueno debe analizarse a partir de las consecuencias que una crisis bancaria puede generar sobre el comportamiento de los depositantes y el funcionamiento del sistema financiero.
Recordó que, después de las crisis bancarias de los años 90, muchos ahorristas trasladaron sus recursos hacia entidades consideradas más seguras, aumentaron sus depósitos en dólares o enviaron capitales al exterior. Estos movimientos redujeron la intermediación financiera y restringieron la disponibilidad de crédito.
Aunque considera que podrían observarse comportamientos similares en el escenario actual, estima que serían de menor magnitud. Entre los posibles efectos, Correa mencionó una redistribución de depósitos entre entidades, una mayor preferencia por la liquidez, políticas crediticias más conservadoras y un eventual incremento de la dolarización.
“Para las empresas, estas reacciones podrían traducirse en un escenario de mayor prudencia bancaria, con eventuales repercusiones sobre la disponibilidad y las condiciones del crédito. También podrían existir efectos sobre otros segmentos del mercado, como los fondos de inversión con exposiciones vinculadas a la entidad”, afirmó.
Sin embargo, Correa destacó que Paraguay cuenta actualmente con mecanismos de protección y supervisión mucho más desarrollados que los existentes durante aquella crisis.
Entre los avances mencionó la Ley 861/1996, que estableció normas sobre capital, concentración de riesgos y créditos vinculados; la Ley 2334/2003, que creó el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), y la Ley 5787/2016, que modernizó distintas disposiciones regulatorias.
El crecimiento comercial no reemplaza la solvencia
Correa también puso el foco en el modelo de expansión de ueno bank, caracterizado por un rápido crecimiento comercial, fuertes inversiones tecnológicas y una acelerada incorporación de clientes.
A su criterio, ese crecimiento debía estar acompañado de niveles suficientes de capital, rentabilidad sostenible y una adecuada gestión de riesgos.
En esa línea, recordó que el anuncio de capitalización por US$ 100 millones, realizado el 29 de octubre, fue seguido por la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP), el 2 de noviembre, de iniciar el procedimiento de resolución, luego de constatar una insuficiencia patrimonial grave.
Para el economista, esta secuencia demuestra que el problema trascendía la percepción pública y comprometía la solvencia de la institución.
"El crecimiento comercial no puede sustituir la fortaleza patrimonial de un banco", remarcó en conversación con nuestro medio.
Finalmente, Correa advirtió que disponer de mejores leyes no elimina la posibilidad de nuevas crisis. La efectividad del marco regulatorio depende de la independencia del supervisor, la calidad de la información disponible y la oportunidad con la que se adoptan las decisiones.
Así, el desafío para Paraguay no se limita a resolver la situación de una entidad financiera ni a completar una transición política. Para el sector privado, lo que está en juego es la previsibilidad necesaria para invertir, acceder al crédito y operar en un mercado donde la confianza constituye también un activo económico.
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