El economista Sergio Sapena habló con un medio radial y se posicionó como crítico de la norma vigente, afirmando que genera “más consecuencias negativas que positivas”. Aunque admitió que contribuye a mejorar la calificación crediticia del país, advirtió que este beneficio tiene un costo elevado: un mayor endeudamiento y una caída visible de la inversión pública en relación con la producción nacional.
Sapena lleva su análisis más allá de los números y señala un impacto social concreto: el 95% de la población accede a servicios públicos de baja calidad. Para él, esta situación es resultado directo de la rigidez de la regla fiscal, que limita el apoyo al sector privado y debilita la capacidad del Estado para mejorar prestaciones básicas. Como alternativa, propuso aplicar leyes de emergencia en distintos sectores, siguiendo el modelo utilizado durante la pandemia, cuando se permitió ampliar el déficit fiscal para enfrentar la crisis.
Frente a la postura de Sapena, otros expertos abogan por buscar un punto medio. Rodrigo Ibarrola, economista del Centro de Difusión y Análisis de la Economía Paraguaya (Cadep), opinó que un déficit del 4% del PIB ya sería elevado para Paraguay, considerando que su presión tributaria ronda apenas el 11%. En su lugar, sugiere que un porcentaje intermedio, como un 2,5%, podría ser razonable. Ibarrola introdujo un matiz crucial en el debate: la calidad del gasto.
“Aparte, hay que ver cuál es el retorno que da ese déficit. Debe invertirse en conceptos que sean necesarios para el país”, complementó, argumentando que el financiamiento debe dirigirse a inversiones que generen retornos productivos para la nación.
Víctor Raúl Benítez sostuvo que el problema de fondo no es el tamaño del déficit en sí mismo, sino la honestidad con la que se mide y se comunica. “Podés tener 5% de déficit fiscal también si querés, no va a pasar nada. Lo que no se debe hacer es mentir en cifras”, afirmó. Benítez opinó que actualmente existe una falta de sinceramiento en las cuentas públicas, donde el gobierno establece como objetivo una convergencia fiscal que, en la práctica, parece inalcanzable, al tiempo que se impone un tope de déficit demasiado rígido que podría impedir cumplir con las obligaciones del Estado.