El reciente incendio registrado en un bar del microcentro de Asunción volvió a plantear la pregunta: ¿qué tan preparadas están hoy las empresas, los edificios y los locales comerciales para prevenir un incendio y proteger la vida de las personas? La respuesta, según la Cámara Paraguaya de Seguridad Industrial y Afines (Capasi), muestra avances, pero también una deuda importante que reaparece cada vez que ocurre una emergencia.
En el marco de un nuevo aniversario de la tragedia del Ycuá Bolaños, Ayala señaló que ese episodio marcó un antes y un después en la conciencia sobre la seguridad, pero que todavía no fue suficiente para convertir la prevención en una prioridad obligatoria en todos los ámbitos.
Ayala explicó que la Capasi trabaja actualmente con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para impulsar que las normas técnicas de prevención contra incendios, elaboradas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), pasen a ser de cumplimiento obligatorio y no solo una referencia voluntaria.
“Estamos trabajando intensamente para que la norma de seguridad contra incendios sea obligatoria e incluya rociadores automáticos, extintores, señalizaciones y todo lo relacionado con la seguridad industrial y de las personas en lugares públicos”, señaló.
Uno de los principales focos de preocupación está en los edificios en altura construidos principalmente durante la década de 1980, muchos de los cuales no cuentan con sistemas modernos de protección o fueron adaptados posteriormente sin ajustarse plenamente a los estándares técnicos.
Ayala sostiene que la instalación de sistemas automáticos de rociadores podría cambiar radicalmente el comportamiento de muchos incendios, ya que estos permiten controlar el fuego en sus primeras etapas y evitar su propagación a otros sectores del edificio.
El problema está, en gran parte, dentro de las instalaciones
Más allá de los grandes siniestros que ocupan titulares, el presidente de Capasi afirmó que la principal causa de los incendios en Paraguay sigue siendo mucho más cotidiana.
“Más del 90% de los incendios se origina en las instalaciones eléctricas”, aseguró.
Según Ayala, aunque existe legislación orientada a mejorar las instalaciones eléctricas, su aplicación avanza lentamente y todavía persisten dificultades en los mecanismos de control y fiscalización.
En cuanto a las responsabilidades, recordó que son los municipios los que deben exigir los sistemas de prevención para habilitar locales comerciales y edificios abiertos al público. Sin embargo, advirtió que la falta de obligatoriedad de las normas técnicas genera criterios desiguales entre las distintas administraciones municipales.
Seguridad en las empresas
Consultado sobre el nivel de preparación del sector privado, Ayala evitó dar un porcentaje preciso debido a la falta de estadísticas consolidadas, aunque reconoció que varias multinacionales e industrias de gran porte ya operan bajo estándares internacionales, incluso superiores a los requeridos localmente.
El problema, dijo, aparece con frecuencia cuando la seguridad compite con el presupuesto de una obra.
“Las empresas quieren hacer economía en la seguridad. Te ponen un hermoso baño, una cocina moderna y un piso de lujo, pero no te brindan protección en caso de una emergencia por incendio”, cuestionó.
A su criterio, implementar un sistema de protección contra incendios de primer nivel representa entre el 2% y el 3% del costo total de una obra, una inversión relativamente baja frente a los costos económicos, operativos y humanos que puede generar un incendio.
Para Ayala, la prevención no depende únicamente de las empresas o del Estado. La ciudadanía también debe desarrollar el hábito de verificar si un local cuenta con salidas de emergencia, señalización adecuada, extintores y sistemas automáticos de protección antes de ingresar.