En conversación con InfoNegocios, Javier Dávalos, gerente de Servicios Digitales de Documenta SA, explicó que el país vive una etapa clave. La empresa es prestadora habilitada de servicios de confianza cualificados y hoy exhibe cómo la firma electrónica ya funciona en procesos reales. “Paraguay ya está bajando a tierra esta tecnología. Miles de personas firman sus recibos de sueldo con validez plena sin imprimir nada”, afirmó.
Ese uso masivo en recursos humanos es uno de los casos más visibles. Las compañías notifican al colaborador que tiene un documento pendiente y este lo firma digitalmente desde su celular o computadora, respaldado por la Ley 6822/21. Para el área de RR. HH., el cambio implica menos papel, menos traslado y más seguridad jurídica. Para el usuario, implica comodidad y agilidad. Y para el Estado, un primer indicio de que la adopción puede escalar mucho más allá del mundo corporativo.
La normativa paraguaya —moderna, robusta y alineada a estándares europeos— es un pilar clave. La Ley 6822 regula más de cien artículos y creó perfiles de firma como la firma en la nube, que permite firmar sin dispositivos físicos. “En los últimos tres años se avanzó más que en la década anterior”, destacó Dávalos. Todo el ecosistema está auditado por la Dirección de Comercio Electrónico del MIC, que garantiza que las herramientas sean seguras y homologadas.
Pero el gran desafío no está en la tecnología: está en el usuario. Persisten hábitos arraigados, oficinas públicas repletas de carpetas y procedimientos tradicionales que obligan a la presencia física. “El mayor freno es la falta de conocimiento y la resistencia cultural. Todavía muchos prefieren el papel por desconfianza o falta de información”, señaló. A esto se suma que algunas entidades privadas usan herramientas “ágiles”, pero sin equivalencia legal plena, lo que frena la estandarización del ecosistema digital.
El camino para masificar en 2025 implica dos frentes: capacitación al sector privado y actualización normativa de los procesos estatales. Dávalos recuerda que, en otros países, los jubilados están entre los principales usuarios: firman trámites previsionales desde el celular sin desplazarse. “La tecnología debe ser rápida, práctica y económica. Ese es el foco para que cualquier ciudadano —sin importar la edad— pueda adoptarla”, remarcó.
Desde una mirada internacional, Donald Márquez, director académico y cofundador de IDForo, confirmó a nuestro diario que Paraguay está dando señales claras de liderazgo. “El país tiene una de las regulaciones más integrales de América Latina y una alineación fuerte con la normativa europea. Eso abre la puerta a la interoperabilidad regional”, apuntó. No se trata solo de digitalizar procesos internos: se trata de que Paraguay pueda exportar conocimiento desde el Mercosur hacia otros bloques y mercados.
Márquez ve un potencial enorme en un tejido empresarial compuesto en un 90% por microempresas. Para que la digitalización llegue a ese universo, las cámaras y asociaciones deberán amplificar conocimiento y acercar la tecnología a quienes no tienen equipos propios para implementarla. IDForo, que reúne al sector público, privado, organismos multilaterales y sociedad civil, busca justamente consolidar ese puente.
En pleno evento también surgió una cifra que dimensiona la urgencia: el fraude de identidad genera pérdidas globales de US$ 50 billones. Para los especialistas, los wallets de identidad digital serán la próxima gran herramienta para mitigar ese riesgo. Según Márquez, su masificación podría darse mucho antes de lo imaginado: “Esto debería ocurrir ya en 2026, no en 2030”. Con un wallet en el celular, cualquier paraguayo podría firmar documentos, abrir una cuenta bancaria o gestionar un trámite municipal sin moverse de su casa.
El programa de IDForo 2025 incluye paneles sobre digitalización financiera, interoperabilidad, estrategias país y demostraciones técnicas en el IDShow, donde empresas como Documenta muestran cómo estas tecnologías funcionan en la práctica. Son soluciones listas para integrarse a sistemas existentes, lo que acelera la adopción.
Paraguay ya cuenta con ley, prestadores y expertos. Lo que quiere ahora —y lo que busca lograr en 2026— es que la identidad digital deje de ser una promesa y se convierta en hábito cotidiano: firmar un contrato desde el celular, solicitar un préstamo sin trasladarse al banco, iniciar un trámite público sin hacer fila. Ese es el salto que el país quiere masificar y que, según los especialistas, está más cerca de lo que parece.