La Ley 7021/22, promulgada el pasado 9 de diciembre, llega para cambiar luego de casi 20 años el marco legal de las contrataciones públicas en Paraguay. Aquí te contamos algunos puntos claves incorporados.
¿Está vigente la nueva ley?
Antes de entrar a exponer mayores detalles, respondo una de las primeras cuestiones que surgen a partir de la promulgación, particularmente, si ya se encuentra vigente la ley y si ya cuenta con una reglamentación. Una respuesta está vinculada a la otra; ya que la ley condiciona su vigencia a la publicación del decreto que la reglamentará. Al respecto, esta nueva norma dispuso emplazar al Ejecutivo a que el decreto en cuestión sea dictado dentro de los 120 días desde la promulgación de la ley, el 9 de diciembre, por lo que se estima entraría en vigencia más o menos en abril de 2023.
¿Qué cambia?
Hay varias modificaciones interesantes a partir de esta ley; no obstante, no será posible abarcar todas ellas en un solo artículo, así que expondremos aquellas novedades que consideramos merecedoras de un primer destaque.
Principios rectores
Además de los principios marco que fueron trazados por la anterior ley de contrataciones públicas, Transparencia y Publicidad, Libre Competencia y, Economía y Eficiencia, la Ley 7021/22 añade varios principios que deberán regir los procedimientos de contratación y compra pública. A continuación, los exponemos y comentamos brevemente lo que implican:
-Capacidad Fiscal: los procedimientos serán llevados adelante únicamente cuando se cuente con las condiciones presupuestarias para el cumplimiento de los compromisos;
-Imparcialidad: todos los procedimientos tendrán criterios técnicos que permitan objetividad;
-Integridad y buena fe: obligación de realizar los procedimientos de contratación procurando el bien común;
-Integración: se deberá operar coordinadamente en estrecha conexión con las normas que regulan el gasto público;
-Primacía del interés general: hay primacía del interés general sobre el interés particular;
-Predictibilidad: se utilizará criterios uniformes y objetivos;
-Probidad y ética: se promoverá la actuación transparente, ética y objetiva de todos los intervinientes;
-Razonabilidad: las distintas actividades desarrolladas deben ser razonables en términos cuantitativos y cualitativos para satisfacer el interés público;
- Responsabilidad y rendición de cuentas: los responsables deberán responderán por sus actuaciones;
-Valor por Dinero: consiste en la eficiencia en el uso de los recursos públicos para garantizar optimización de los recursos públicos y la mejor relación costo beneficio en las adquisiciones; y
-Sostenibilidad económica, social y ambiental: en el diseño y desarrollo de los procedimientos de contratación, se considerarán criterios y prácticas que permitan contribuir al desarrollo económico, social y ambiental.
¿Cómo se aplican estos principios?
En el afán de implementar parte de los nuevos principios incorporados a nuestra norma de contrataciones públicas, hay algunos mecanismos prácticos a utilizar, como ser la “agregación de la demanda”, la cual permite sumar necesidades de las instituciones públicas en los procesos, para mayor eficiencia en el gasto, tanto en cuanto a la oferta, como a la demanda de los bienes y servicios.
Esto viene de la mano con la “Consolidación de las adquisiciones”, lo cual, si bien está pendiente de reglamentación, implica efectivamente empalmar procesos de distintas instituciones según la conveniencia que trae dicha contratación en términos de tiempos y costos.
Asimismo, se prevén las “Compras conjuntas obligatorias”, las cuales, previa evaluación de conveniencia y viabilidad, se llevarán a cabo para adquirir bienes y servicios que serán objeto de las compras conjuntas. Según la estructuración por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con la finalidad de aprovechar los beneficios de la economía de escala.
Lo que viene
En futuros artículos expondremos sobre el nuevo y preponderante rol del Ministerio de Hacienda en los procedimientos de contratación pública, así como el funcionamiento del “Sistema Nacional de Suministro Público”, la “Cadena Integrada de Suministro Público”, las entidades que lo integran y algunos otros cambios en las reglas de juego, particularmente en lo que respecta a oferentes internacionales, así como en las protestas.