Recientemente el Gobierno anunció que, en el marco de la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, tomaba la decisión de poner un tope salarial de G. 37 millones para los funcionarios de entidades binacionales, y confirmó la reducción del 10% al 20% en los salarios de funcionarios públicos que cobren entre cinco y 10 salarios mínimos por mes.
La adopción de estas medidas ayudará al estado a reasignar unos US$ 52 millones, en estos tres meses de contingencia, explicó el ministro de Hacienda, Benigno López.
La alegría de la mayoría es evidente ante esta medida, pero la pregunta es: ¿es legal?
El abogado laboralista Eduardo Pérez Avid manifestó que el principio administrativo se rige bajo el fundamento de la regularidad de los actos, que significa que cada medida u acto debe estar facultado por ley. En este caso, la reciente aprobación de la Ley de Emergencia Sanitaria es la base, “por tanto, es una decisión correcta”, opinó.
"Se otorgó un mandato amplio al Poder Ejecutivo a través de esta ley. Por ello, se procedió a distintos mecanismos para reestructurar los asuntos presupuestarios e incluso se aplicaron medidas en las consignaciones de los funcionarios estatales”, afirmó.
Al mismo tiempo, Pérez añadió que estas medidas son de carácter temporal, porque se tiene un plazo concreto que va hasta el final de este ejercicio fiscal 2020, que culmina en diciembre.
Por eso, estas reestructuraciones únicamente tienen validez hasta dicho mes y en caso de superar este periodo, “sí hablamos de una aplicación incorrecta de la ley”, puntualizó.
“Estamos atravesando momentos sumamente complicados que se asemejan a los vividos en una situación de guerra, con una economía completamente paralizada. Entonces las medidas que adopte el Estado deben responder a un propósito de contención de la actual emergencia", sostuvo.
Si se busca extender la medida, se tendría que estructurar minuciosamente el Presupuesto General de la Nación de 2021, según el abogado laboralista.
Ganar según mérito
Con respecto a la necesidad de una reforma administrativa, que priorice los méritos académicos y profesionales, el economista de Investigación para el Desarrollo, Jorge Garicoche, dijo que “es necesaria una reestructuración en los gastos públicos, que debe centrarse en datos precisos, para no generar una crispación social”.
"Necesitamos soluciones integrales, por eso cuando hablamos de reforma es importante aclarar que se trata de preparar un cambio total. No se trata de ajustar temporalmente algo que ya funciona, con números hacia arriba o abajo”, aclaró.
Cuando no se miran los datos detenidamente, según Garicoche, se comenta que los funcionarios públicos ganan un 76% más que los empleados privados. Sin embargo, “un 75% de estos funcionarios públicos no ganan más de G. 5 millones”, complementó.
"Si esto se analiza, sacamos a la luz las inequidades salariales que existen. Tenemos que empezar a profundizar y comparar los datos para encontrar un sistema de gratificación basado en los méritos académicos y profesionales, y no simplemente en contactos o nepotismo", consideró.
Actualmente de cada G.100 recaudados con impuestos en 2019, se destinó un total de G. 75 a salarios de funcionarios públicos, afirmó el economista. Unos G. 29 fueron a trabajadores del sector educativo; G. 15 a funcionarios de fuerzas públicas; G. 13 a funcionarios de salud; G. 8 a los colaboradores del poder judicial; G. 6 a los trabajadores del poder ejecutivo; G. 2 a los miembros del poder legislativo y G. 2 a profesionales de otros sectores, complementó Garicoche.