Para expertos como Yan Speranza, expresidente del Club de Ejecutivos, la calificación refuerza un atractivo que Paraguay ya tenía y que ahora se proyecta con más fuerza. “Paraguay está siendo muy atractivo, eso queda muy claro, por muchas de las ventajas que tenemos desde hace rato, pero ahora se van conociendo más”, manifestó. Speranza subrayó que el impulso debe venir del sector privado, dado que el Estado tiene menos capacidad para la inversión pública y está fiscalmente constreñido.
Esta visión celebra el reconocimiento internacional como un catalizador para la inversión extranjera directa, que S&P prevé que será sustancial y ayudará a diversificar la base económica del país.
No obstante, otras voces introducen una nota de cautela y contexto. El economista Víctor Raúl Benítez, si bien considera positivo el logro, cuestionó el momento del anuncio y recordó la historia controvertida de las agencias calificadoras. “Luego de la crisis de 2008, el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que S&P tuvo influencia directa en el ‘crash’. Le cobraron US$ 864 millones”, señaló, sugiriendo que su criterio no es incuestionable. Esta perspectiva invita a observar la calificación no como un fin, sino como un paso en un camino que requiere continuidad y profundización de reformas.
Una calificación basada más en credibilidad que en números
Un análisis profundo proviene de la mirada de Wildo González, economista jefe de Basa Capital, quien argumentó que el “upgrade” respondió más a factores cualitativos que a mejoras espectaculares en métricas duras. Según su lectura, S&P, tradicionalmente la calificadora más conservadora con Paraguay, priorizó la trayectoria de políticas públicas, la disciplina fiscal y la credibilidad institucional por sobre avances cuantitativos inmediatos.
Esta tesis se sustenta en el comportamiento del mercado. Mientras índices como el EMBI ya habían convergido con los de países con grado de inversión (como Perú), anticipando la mejora, otros indicadores como los Credit Default Swaps (CDS) no mostraron una compresión adicional tras el primer upgrade de Moody’s en 2024. Para González, esto indica que el segundo grado de inversión no era totalmente esperado por el mercado basándose solo en números, sino que S&P valoró especialmente la previsibilidad y la resiliencia demostrada ante shocks externos.
S&P valoró positivamente el compromiso con la disciplina fiscal, es decir, la trayectoria para reducir el déficit fiscal a un objetivo del 1,5% del PIB para 2026. Asimismo, se destacó el crecimiento económico resiliente, respaldado por proyecciones de un sólido 5,4% de crecimiento del PIB en 2025 y del 4% en los años siguientes.
El cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) actuó como un mecanismo de señalización creíble para la calificadora, validando la seriedad de la política económica. Sin embargo, González advierte que este logro no es un punto de llegada, sino un estado que debe sostenerse con reformas pendientes en materia previsional, tributaria, educativa y de profundización del mercado de capitales.