Si bien el BCP ya había emitido el pasado 18 de diciembre la resolución que establece definiciones, obligaciones y alcances aplicables a los PSP, la oficialización por decreto le otorga plena vigencia y respaldo institucional. El reglamento fija, además, las pautas para el registro de las entidades, el reporte de operaciones y costos, y los lineamientos de protección y seguridad orientados a los usuarios del sistema de pagos.
La normativa define a los Proveedores de Servicios de Pago como aquellas entidades que prestan servicios vinculados a la ejecución de operaciones de pago a través de plataformas tecnológicas, sin que ello implique necesariamente la captación de depósitos del público como actividad principal. Esta precisión resulta clave para diferenciar a los PSP de otras figuras del sistema financiero tradicional y evitar superposiciones regulatorias.
En términos prácticos, la reglamentación tiene como objetivo central ordenar un ecosistema que creció con rapidez en los últimos años, impulsado por la digitalización y la innovación. Al delimitar qué pueden y qué no pueden hacer los PSP, el marco normativo aporta reglas claras, reduce la incertidumbre jurídica y facilita la supervisión por parte del BCP, fortaleciendo la confianza en los medios de pago electrónicos.
Al mismo tiempo, la norma apunta a evitar riesgos asociados a la informalidad, la falta de información al usuario y eventuales fallas en el procesamiento de operaciones. Al exigir estándares de eficiencia operativa, transparencia y seguridad, se establecen responsabilidades concretas sobre el correcto funcionamiento de las plataformas y sobre la información que se brinda tanto a usuarios finales como a comercios.
Desde el sector, Raúl Alvarenga, presidente de la Cámara Paraguaya de Medios de Pago, señaló que como gremio no debatieron este punto, pero que, desde una visión personal, considera que esta reglamentación forma parte del trabajo necesario para ir instrumentando lo definido en su momento en la nueva Ley del Sistema de Pagos. A su criterio, se trata de un paso lógico dentro de un proceso más amplio de modernización del sistema.
Alvarenga remarcó, además, que si bien el ecosistema de pagos fue innovando y generando nuevas configuraciones, es importante identificar en una reglamentación a los distintos actores, de manera a impulsar el desarrollo del mercado. En ese sentido, destacó que el BCP haya compartido públicamente los borradores y que cada socio de la Cámara tuvo espacio para manifestar inquietudes antes de la resolución final emitida el 22 de diciembre de 2025.
Finalmente, la reglamentación también potencia el crecimiento del mercado al sentar bases comunes para la competencia y la innovación, promoviendo un entorno más ordenado y confiable. Con reglas claras y protección al usuario, el sistema de pagos paraguayo suma un instrumento clave para acompañar la expansión de los medios electrónicos y la incorporación de más personas y comercios a la economía digital.