La orden judicial exige que la perrita sea entregada por la rescatista Diana Camarasa a su familia original, fundamentando la decisión en que la investigación determinó que los dueños no fueron los causantes directos del daño. En ese sentido, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal manifestó públicamente su desacuerdo y sostuvo que Canela debería permanecer bajo el cuidado de la persona que asumió su tratamiento, atención y resguardo durante todo este tiempo.
Según el abogado Tuma, uno de los principales errores en el análisis del caso es considerar únicamente quién provocó materialmente el hecho que lesionó a la perrita.
“Hay que aclarar que ese incidente ocurrió porque la perrita no estaba debidamente custodiada y no recibía los cuidados necesarios. Como la casa no tenía portón ni muralla, terminó saliendo a la calle”, sostuvo.
El abogado señaló que la investigación concluyó con una salida procesal para el menor involucrado y cuestionó que el hecho haya sido tratado como un caso de menor relevancia. A su criterio, la discusión no puede limitarse a determinar quién manipuló la pirotecnia, sino también a analizar las responsabilidades de quienes tenían el deber de proteger al animal.
En ese sentido, afirmó que la propietaria original habría incurrido en una conducta negligente antes y después del episodio.
“Tampoco cuidó a la perra durante su tratamiento médico. No se hizo absolutamente cargo de nada. Tuvo una conducta negligente antes del hecho, durante el hecho y después del hecho”, expresó.
Tuma también aseguró que la entonces propietaria habría solicitado inicialmente la eutanasia de Canela, mientras que Diana Camarasa impulsó su recuperación y acompañó todo el proceso médico, que incluyó múltiples cirugías y la colocación de una prótesis mandibular.
El caso incluso marcó un precedente en Paraguay, ya que Canela se convirtió en una de las primeras perras del país en someterse a una compleja reconstrucción mandibular tras perder gran parte del hocico a causa de la explosión de un petardo.
Uno de los puntos centrales de la controversia gira en torno al estatus jurídico de los animales. Para el abogado, la resolución no contempló adecuadamente la condición de seres sintientes reconocida por la legislación vigente.
“No tuvo en cuenta los sentimientos del perro, ni tampoco el cuidado previo al hecho y posterior al hecho”, afirmó.
Mientras tanto, la jueza Carmen Rossana Román defendió públicamente su resolución argumentando que la investigación concluyó que la familia no fue responsable directa de las lesiones sufridas por Canela y que los propietarios actuaron para auxiliar al animal tras el incidente.
Ante la decisión judicial, Diana Camarasa anunció que no entregará voluntariamente a la perrita. Consultado sobre las posibles consecuencias legales de esa postura, Tuma explicó que ya iniciaron acciones para evitar cualquier situación de desacato.
“Nosotros ya iniciamos un juicio civil y solicitamos las medidas cautelares pertinentes para que la perra continúe en poder de Diana. Paralelamente, también vamos a solicitar a la jueza penal que le devuelva la perra”, detalló.
Según explicó, la estrategia contempla actuar por la vía civil y penal de forma simultánea, con el objetivo de garantizar que Canela permanezca en el entorno donde recibió atención veterinaria especializada y completó gran parte de su rehabilitación.
Por ahora, Canela continúa bajo el cuidado de Diana Camarasa, mientras se definen las acciones judiciales que determinarán dónde vivirá la perrita que conmovió al país y logró recuperarse tras una compleja reconstrucción mandibular.