“En el día a día estamos permanentemente realizando actos jurídicos, aunque no lo notemos”, explicó Ríos Parquet, en conversación con InfoNegocios. “Cuando todo marcha bien, esos actos se desarrollan con normalidad. Pero cuando surge un inconveniente, ahí se vuelve fundamental saber qué derechos tenemos, a dónde recurrir y cómo comportarnos para no terminar con más problemas”.
Educar para prevenir, no solo para defender
El defensor sostiene que la justicia no debería ser solo un lugar al que se acude cuando el conflicto ya está instalado, sino también un espacio de educación y prevención. “Sería ideal que desde el colegio se enseñen normas básicas: cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, qué implica firmar un contrato, o incluso cómo funcionan los métodos alternativos de resolución de conflictos”, propone.
Para el defensor, incorporar la mediación puede transformar nuestra cultura de enfrentamiento en una cultura de diálogo. “No siempre hay que demandar para resolver algo. Muchas veces se pueden alcanzar soluciones pacíficas, más rápidas, baratas y eficientes”, agrega.
Negocios más sanos cuando las partes están informadas
Dice que, el conocimiento jurídico no solo impacta en la convivencia cotidiana, sino también en el clima de negocios. “En el ámbito comercial, cuando ambas partes (ya sea una gran empresa o un pequeño emprendedor) tienen un conocimiento básico de sus derechos y deberes, todo fluye mejor”, aseguró. “Eso facilita los acuerdos, genera confianza y evita conflictos”.
Desde su mirada, una ciudadanía jurídicamente informada contribuye a construir entornos de negocios más transparentes y previsibles, algo clave para cualquier economía que busque crecer sobre bases sólidas.
Derecho laboral y acceso a la justicia
Durante la charla, el defensor reconoce una realidad frecuente: muchos trabajadores desconocen sus derechos laborales más básicos. “Es habitual que la gente no sepa cuántos días de vacaciones le corresponden, cómo se calcula el aguinaldo o dónde reclamar”, comenta.
Por eso insiste en que, aunque una educación legal profunda aún esté lejos, al menos se debería promover el conocimiento de las instituciones a las que uno puede acudir. “En el área laboral, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene un equipo que ayuda a hacer los cálculos y orientar los reclamos. Y la Defensa Pública también cuenta con defensores laborales que asesoran y, si es necesario, promueven las demandas correspondientes”.
Tres pilares básicos que todos deberíamos conocer
Cuando se le pregunta qué debería enseñarse sí o sí a cualquier ciudadano, Ríos Parquet no duda:
“Primero, conocer la Constitución Nacional, especialmente el derecho a la defensa.
Segundo, entender lo esencial de los contratos, saber qué se puede reclamar y qué no.
Y tercero, familiarizarse con la Ley de Defensa del Consumidor, que es la que más se aplica en la vida diaria”.
Una línea gratuita para orientar a la gente
La Defensa Pública dispone además de la línea telefónica gratuita 133, un servicio de orientación para cualquier persona que necesite saber dónde acudir para recibir asesoría o representación jurídica. “Llamando al 133, el ciudadano puede saber cuál es la oficina más cercana y qué pasos seguir según su caso”, explicó el defensor.
Y aclara un punto que suele generar confusión: “En las áreas civil y laboral sí se exige el beneficio del gasto, es decir, manifestar que no se cuenta con medios para pagar un abogado. Pero eso no significa que alguien con sueldo no pueda acceder. Se analiza cada situación: los ingresos, los gastos, si tiene familia, problemas de salud, etc. No por tener un trabajo ya se puede costear un abogado privado”.
“El conocimiento jurídico no es solo para abogados. Es una herramienta de empoderamiento ciudadano. Saber qué firmamos, qué derechos tenemos y cómo resolver los conflictos de manera pacífica puede cambiar nuestra convivencia y, en muchos casos, evitar que los problemas lleguen a los tribunales”, concluyó.