Stanley señaló que la fiscalía laboral no recibe denuncias directamente, sino que su rol —según el artículo 21 del Código Procesal Laboral— es velar por el debido proceso dentro de los juicios, garantizando derechos tanto de empleadores como de trabajadores. “Somos los ojos para que se velen porque los procesos judiciales se lleven a cabo correctamente, dando siempre garantías tanto al trabajador como al empleador”, puntualizó.
Al ser consultada sobre los principales motivos de demandas laborales, la fiscal estableció un top tres: Despido injustificado o retiro justificado del trabajador; demandas por daños y perjuicios, que abarcan daño moral, psicológico, por discriminación o incluso por falta de seguro social; reclamos por falta de pago de aportes al IPS, que muchas veces impiden al trabajador acceder a la jubilación.
Stanley explicó que, especialmente después de la pandemia (aunque no tiene nada que ver la pandemia, solo como un marco de tiempo), se observó un aumento en las demandas relacionadas con falta de aportes al IPS: “El trabajador dice: yo trabajé toda mi vida en tal empresa, me quiero jubilar, y me faltan cinco años de aportes porque mi empresa nunca pagó. Entonces demandan para que la empresa cumpla con esa obligación”, relató.
Otra tendencia creciente son los juicios por daños y perjuicios. Aunque el Código Laboral no desarrolla esta figura en detalle, los casos se tramitan en la jurisdicción laboral apelando al Código Civil. “Hoy tenemos reclamos por daño moral, psicológico, discriminación o la falta de seguro social. El trabajador plantea que sufrió un perjuicio concreto de parte del empleador, y eso deriva en un pedido de resarcimiento”, explicó.
Más allá de los números, la fiscal destacó algo positivo que es la pérdida del miedo a reclamar. “Me parece bastante bueno que los trabajadores cada vez se animen más a hacer sus reclamos judiciales. Antes estaba esa idea de que la patronal tiene contactos o no le van a pagar, pero hoy vemos más trabajadores que se animan a litigar”, resaltó.
Stanley también valoró el rol de la información en este proceso de cambio cultural. “Gracias a las redes sociales veo a muchos abogados laboralistas que explican y comentan sobre los derechos laborales. Eso hace que el trabajador tenga mayor conocimiento y sepa que puede reclamar lo que le corresponde”, subrayó.
En síntesis, detrás de cada caso hay una historia de alguien que busca hacer valer sus derechos. Y desde la fiscalía laboral, la misión es acompañar esos procesos para que se desarrollen con transparencia y equilibrio.