Sin embargo, la realidad económica del siglo XXI nos enfrenta a un desafío diferente. Una regulación puede ser impecable desde el punto de vista jurídico y, aun así, generar costos innecesarios, desalentar inversiones o imponer cargas administrativas que terminan afectando el desarrollo económico. La legalidad sigue siendo una condición indispensable, pero ya no parece suficiente para medir la calidad de la actuación administrativa.
Las economías más competitivas han comprendido que regular no consiste únicamente en dictar normas, sino en hacerlo de manera inteligente. La pregunta ya no es solamente si el Estado puede regular, sino si regula de la mejor manera posible. Los países compiten por atraer inversión, innovación y talento, las regulaciones también compiten. Algunas generan confianza y facilitan el desarrollo, otras incrementan la incertidumbre y desalientan la actividad económica.
Es allí donde comienza a adquirir relevancia un concepto todavía poco desarrollado en nuestro medio “la calidad regulatoria”. No se trata de reducir controles ni de debilitar la capacidad del Estado para intervenir cuando el interés público lo exige. Se trata, por el contrario, de asegurar que cada regulación sea necesaria, proporcional, comprensible y capaz de alcanzar su finalidad con el menor costo posible para los ciudadanos, las empresas y la propia Administración.
Entre esos costos existe uno que suele pasar inadvertido: el tiempo.
Cada autorización administrativa, cada licencia o cada permiso exige semanas o meses durante los cuales una inversión permanece inmovilizada, los costos financieros continúan acumulándose y las oportunidades pueden perderse. El tiempo administrativo deja así de ser una cuestión meramente procedimental para convertirse en un verdadero costo regulatorio. En determinados proyectos, una demora de doce meses puede resultar más gravosa que un incremento de la carga tributaria.
Por esa razón, algunos países han comenzado a revisar no solo el contenido de sus regulaciones, sino también la forma en que estas se elaboran. En Estados Unidos, por ejemplo, la Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) o en Europa Regulatory Scrutiny Board (RSB), analizan previamente las regulaciones federales de mayor impacto económico para evaluar sus costos, beneficios y posibles alternativas. La idea que inspira este modelo resulta particularmente interesante: antes de crear nuevas obligaciones, el Estado también debe preguntarse cuáles serán sus consecuencias.
Paraguay podría extraer una valiosa enseñanza de esa experiencia, sin necesidad de reproducir mecánicamente. Nuestro país tiene la oportunidad de incorporar una verdadera política de calidad regulatoria que permita evaluar previamente el impacto de las normas más relevantes, medir los tiempos administrativos, identificar cargas innecesarias y revisar periódicamente aquellas regulaciones que hayan perdido utilidad o generado efectos no deseados.
La discusión adquiere especial importancia en un contexto en el que Paraguay busca consolidarse como destino de inversiones vinculadas a infraestructura, energía, manufactura y servicios tecnológicos. En un escenario donde los inversionistas comparan jurisdicciones con creciente precisión, la competitividad ya no depende únicamente de los incentivos fiscales o de los recursos naturales. También depende de la calidad de las instituciones y de la capacidad del Estado para ofrecer reglas claras, procedimientos eficientes y decisiones oportunas.
Quizás esa sea una de las próximas grandes transformaciones del Derecho Administrativo. Durante décadas nos preocupamos, con razón, por controlar el ejercicio del poder público. Hoy debemos agregar una nueva exigencia: procurar que ese poder se ejerza con inteligencia regulatoria.
Porque una buena regulación no es solamente la que respeta la ley. Es también la que resuelve problemas sin crear otros nuevos. Y ese desafío, más que técnico, constituye uno de los grandes retos jurídicos para el Paraguay de los próximos años.