La Empresa por Acciones Simplificadas: la promesa digital cinco años después

(Por Marcelo Vera de Ehreke Business Attorneys) Empresa por reflexiones y desafíos de una figura empresarial que nació para facilitar la formalización. 

En agosto de 2020, la Ley 6.480 introdujo en Paraguay la Empresa por Acciones Simplificadas (EAS), una figura jurídica inspirada en modelos de derecho comparado y pensada principalmente para emprendedores y pequeñas empresas que buscan formalizarse sin afrontar los costos y complejidades de una Sociedad Anónima (SA) o una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL).

Entre los beneficios iniciales de las EAS se destacaron: La constitución y gestión de trámites totalmente en línea, a través de la plataforma del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace); La posibilidad de constitución por instrumento privado, sin pago de honorarios notariales ni tasas judiciales; La inscripción automática en el sistema patronal; La apertura de cuenta en el Banco Nacional de Fomento sin mayores trámites; La gratuidad en la publicación de edictos; La eliminación de trámites presenciales ante la mayoría de las entidades públicas, salvo la habilitación del RUC y la firma electrónica ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

 La promesa era clara: facilitar la formalización empresarial, reducir costos y acortar plazos.

 Cinco años después: luces y sombras

En la práctica, la EAS ha representado una puerta de entrada al mundo formal para muchos emprendedores. Sin embargo, su operativa real revela cuellos de botella administrativos y problemas de coordinación interinstitucional que afectan su eficiencia y contradicen el espíritu de simplicidad que inspiró su creación, que resumimos seguidamente:

1. Coordinación de firmas y presentación

La solicitud de constitución vía proforma debe enviarse el mismo día de la firma del instrumento. Si hay diferencia de fechas, el trámite se rechaza. Esto obliga a coordinar la firma de todos los socios y la carga del trámite en una única jornada, lo que en la práctica puede ser complejo y genera frustración.

2. Falta de comunicación en tiempo real entre instituciones

Hay casos en los que la constitución es aprobada por Suace y la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas (Dgpejbf), pero luego es rechazada por la DNIT por requisitos no informados previamente. Ejemplo reciente: la exigencia de que las cédulas de identidad estén acompañadas por un registro de firmas en el mismo documento.

Esto obliga a reiniciar el trámite desde cero, recargar formularios y coordinar nuevas firmas, dilatando el proceso por días.

3. Imposibilidad de edición en trámites observados

Cualquier observación en comunicaciones asamblearias, transferencias de acciones o modificaciones estatutarias implica iniciar un nuevo trámite, sin opción de subsanar el existente.

4. Procesos engorrosos para aumentos de capital

 Aumentar capital, emitir e integrar acciones es un maratón burocrático: el sistema exige tres asambleas consecutivas —extraordinaria para el aumento de capital, ordinaria para la emisión de acciones y otra extraordinaria para la integración—, cada una con su proforma de estatuto aprobada por la DGPEJBF antes de pasar a la siguiente. No es posible hacerlo en simultáneo, y cualquier error en la redacción o desajuste con el formato preestablecido provoca observaciones que obligan a repetir pasos. Este proceso, que puede durar meses, resulta paradójicamente más simple en una S.A., aunque ésta implique mayores costos notariales.

5. Fallos en la integración automática de registros

En algunos casos, la inscripción patronal en el Instituto de Previsión Social (IPS) y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) no se concreta automáticamente, obligando al representante legal a completar el trámite presencialmente. Esto desnaturaliza el carácter “electrónico” de la EAS.

6. Barreras para representantes legales recién radicados

 Si un extranjero obtiene cédula de identidad recientemente, primero debe pedir a la DNIT que incorpore sus datos en la base utilizada por SUACE, ya que los formularios se completan automáticamente según el número de cédula.

Balance y perspectivas

A pesar de sus innegables beneficios —costo cero en la constitución, rapidez potencial y digitalización del proceso—, la EAS sigue enfrentando problemas operativos que limitan su alcance y su capacidad de cumplir el objetivo de masificar la formalización empresarial.

Para el emprendedor, optar por una EAS puede ser una decisión ventajosa en términos de ahorro, pero implica asumir el riesgo del “ensayo y error” y de navegar un sistema que todavía requiere mejoras al menos en: Interoperabilidad entre instituciones;  Flexibilidad en la subsanación de trámites; Racionalización de procesos estatutarios; y Garantía efectiva de integración automática con IPS y Mtess

En definitiva, la EAS ha sido un paso importante hacia la modernización empresarial en Paraguay, pero a cinco años de su implementación, su éxito depende de pasar de un esquema “digital en el papel” a uno “digital en la práctica”, lo que marcará la diferencia los próximos años de formalización empresarial.

Paraguarí sabe a Ña Nilda: la cafetería que nació del legado de una repostera con 40 años de historia

(Por BR) Fernando González, pastelero de la ciudad de Paraguarí, creció en la cocina de su mamá, Ña Nilda, quien hace 40 años se dedicaba a hacer tortas para toda la ciudad. Allí encontró la inspiración para emprender: dejó su trabajo estable, emigró a Estados Unidos para perfeccionarse en el sector pastelero y hoy abrió su propia cafetería y pastelería en honor a su madre, Ña Nilda

Cuando la IA lava activos: la investigación de un abogado paraguayo que pone a Europa a debatir quién responde por el delito

(Por NL) El desarrollo de la inteligencia artificial en las películas parecía algo muy futurista; sin embargo, hoy forma parte del debate jurídico internacional. Los sistemas de inteligencia artificial capaces de decidir, aprender y ejecutar maniobras de lavado de dinero sin que una persona intervenga en cada operación obligan a replantear uno de los principios básicos del derecho penal: ¿quién es el responsable cuando el delito lo ejecuta un algoritmo? Esa fue la pregunta que el abogado paraguayo José Fernández Zacur llevó al Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Lavado de Activos, en la Universidad de Santiago de Compostela, España, donde presentó una investigación que despertó el interés de algunos de los principales penalistas de Europa.