Según el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, Paraguay cuenta con 6.109.903 habitantes, de los cuales 5.644.232 tienen cinco años o más. Dentro de este grupo, el 5,3% —equivalente a 299.839 personas— presenta algún tipo de dificultad o limitación permanente para realizar actividades cotidianas, ya sea caminar, ver, escuchar o realizar tareas de cuidado personal. Del total, 128.349 son hombres y 171.490 son mujeres, una diferencia que evidencia la mayor expectativa de vida y el envejecimiento femenino.
El análisis territorial muestra contrastes significativos: Ñeembucú registra la mayor prevalencia de discapacidad, con un 7% de su población, mientras que Canindeyú presenta el porcentaje más bajo, con 3,5%. En cuanto a los tipos de discapacidad, la visual es la más frecuente y afecta al 57,9% de las personas con limitaciones, seguida por la discapacidad motriz, que alcanza al 55,5%.
Si bien el INE respalda estas cifras, no todos los actores del sector coinciden. Zulma Myriam Ferreira Servín, directora de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de Senadis, reconoció que existe preocupación dentro de la institución respecto al porcentaje reportado. “No estamos de acuerdo con los datos del INE. En 2012, el censo indicaba 11,6% de personas con discapacidad, una cifra mucho más cercana a la realidad. Hoy creemos que estamos entre el 15 y 20%”, afirmó.
Ferreira explicó que el incremento de diagnósticos de autismo, el alto índice de secuelas por accidentes de moto y el envejecimiento poblacional, contradictoriamente, no parecen reflejarse en los datos del último censo. Por ello, la Senadis, junto con el INE y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está impulsando un nuevo estudio para aproximarse a una cifra más precisa. “Vamos a ver qué arroja este estudio y si logramos tener un panorama más real de cuántas personas con discapacidad hay en Paraguay”, señaló.
Más allá de la precisión estadística, la funcionaria resaltó un avance fundamental: la armonización de conceptos relacionados con la discapacidad. Gracias a un trabajo conjunto entre el INE, Senadis y la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible, hoy el país cuenta con un glosario unificado, un conjunto estandarizado de preguntas para registros y encuestas, y una tabla de correspondencias que permitirá la interoperabilidad entre instituciones. Este esfuerzo pretende corregir años de disparidad conceptual que dificultaban la comparación de datos y la formulación de políticas públicas.
En materia de acciones concretas, Senadis trabaja desde hace un año en la implementación de la Ley 6.808/21, que exige la creación de Secretarías por los Derechos de las Personas con Discapacidad en gobernaciones y municipalidades. Estas, a su vez, deben promover la conformación de las COMUDI, comisiones municipales mixtas donde participan autoridades locales, representantes institucionales y personas con discapacidad. “Es un espacio de diálogo real, donde se escucha la voz de las personas con discapacidad y se identifican las necesidades desde el territorio”, mencionó Ferreira.