La Cámara de Senadores aprobó dos proyectos de ley, que forman parte del paquete de 12 propuestas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, emitidas por la Seprelad y trabajadas en conjunto con otras instituciones públicas, como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Banco Central del Paraguay, entre otras.
Con estas leyes se busca crear una estructura jurídica que se acerque a las exigencias que demanda el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Cabe destacar, que este organismo intergubernamental fija estándares y promueve la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas, para la lucha contra estos delitos.
En el Senado se dio media sanción al proyecto “Que tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho y soborno transnacional”, y se aprobó la modificación de disposiciones en el Código Penal, que dio apertura a “Crear y tipificar los hechos punibles de manipulación del mercado y otros”, cuyo artículo 3 aborda los “hechos punibles contra la competencia” e introduce la figura de cohecho y soborno privado.
Al ser consultado sobre estos proyectos, Villamayor explicó que la introducción de estas figuras en el Código Penal es necesaria porque estos delitos son penados en la mayoría de los países, y son indispensables para el combate contra el lavado de activos.
“En Paraguay no está penado el soborno entre instituciones privadas, es decir, si yo solicito un crédito a una entidad financiera, pero no me está saliendo, le comento a un amigo que trabaja ahí y le digo que le voy a dar una comisión si me agiliza el proceso, entonces me conceden el crédito”, ejemplificó.
Asimismo, afirmó que es necesario profundizar el alcance que tiene esta legislación, para no confundir con el delito de lesión de confianza. “Son bastante similares ya que si un funcionario obra de esa manera, genera un perjuicio patrimonial a la empresa, e incurre en la lesión de confianza”, reiteró.
En cuanto al cohecho y soborno transnacional, Villamayor resaltó que es interesante contar con una legislación renovada que permita combatir estos delitos, porque la mayoría del dinero que mueve guarda relación con el lavado de dinero.
Según Villamayor, hay una tendencia mundial de tener legislaciones que ayuden a prevenir y combatir estos delitos, porque si no se tienen, el país se convierte en un punto atractivo para facilitar el lavado de activos y generar operaciones irregulares de grupos delictivos.
“Por ejemplo, la cuestión de la Fifa se trataba de que dinero abonado en concepto de sobornos, para concebir concesiones varias, se abonaban comprando propiedades en Estados Unidos. Entonces, en vez de enviar un monto específico de dinero, adquirían propiedades por dicho valor, por eso, la implementación de este tipo de legislación es fundamental”, aseguró.
De acuerdo a Villamayor, las penas privativas para los delitos de cohecho y soborno transnacional o privado, son muy bajas, pero que es parte de una falencia que capea todo el esquema legal de Paraguay. Las penas van desde multas hasta cinco años de privación de libertad en casos graves.
Para Villamayor el esquema “es sumamente benevolente, y se asemeja al utilizado en países donde tienen valores éticos muy altos, por eso, las penas deben ser más severas teniendo en cuenta los antecedentes de nuestro país”.
“Es importante que este tipo de iniciativas se socialicen más con la población, y con mayor énfasis en lo que respecta al soborno privado, para que la información no sea confusa”, agregó.
Por último, Villamayor remarcó que no se puede atribuir este atraso exclusivamente a este Gobierno, pero que, sin duda, teniendo en cuenta las evaluaciones que se van a tener en poco tiempo, es una obligación disponer de las regulaciones necesarias para evitar y detener estos delitos tan comunes en todos los estados.