La Mesa Energética nació dentro del Consejo Asesor Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como un espacio de articulación con el sector privado para la construcción de políticas industriales. La iniciativa es impulsada conjuntamente por el MIC y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), Capítulo Paraguay. Este último agrupa a 15 socios en el país: grandes empresarios integrados a una red latinoamericana con un fuerte interés inversor en Paraguay.
La necesidad de un árbitro para el mercado eléctrico
Rubén Jacks, presidente del CEAL, explicó que la reforma pasa por crear un ente regulador que cumpla dos funciones centrales: establecer las reglas del juego para que nuevos generadores puedan invertir sin competir en desventaja frente a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y supervisar el esquema tarifario del sistema.
Según Jacks, actualmente no existe esa figura y, por eso, los generadores privados no se animan a desembarcar: sería la propia ANDE —su eventual competidora en el mercado— la que definiría las condiciones de entrada. “No hay una definición clara por parte de la Administración Nacional de Electricidad sobre si hay energía o no”, señaló el empresario.
Jacks calificó la situación como urgente, al argumentar que las inversiones en generación eléctrica tienen largos plazos de maduración: cinco años en el corto plazo, diez en el mediano y veinte en el largo plazo. Advirtió que la demora en las definiciones regulatorias ya está teniendo consecuencias concretas, con empresas que están retirando sus planes de inversión en el país.
Según indicó, el CEAL plantea un plazo de dos a tres meses para elaborar y presentar un proyecto de ley que cree la entidad reguladora, con la expectativa de que sea tratado y aprobado por el Congreso dentro del presente año.
El tamaño de la oportunidad perdida
Jacks explicó que el CEAL agrupa a 15 socios en Paraguay —grandes empresarios integrados a una red latinoamericana con un fuerte interés inversor en el país— y que muchos de ellos están en proceso de desembarco. Según indicó, actualmente existen proyectos de inversión que demandarían cerca de 6 gigavatios para la instalación de fábricas, edificios o data centers en Paraguay —una cifra casi equivalente a la potencia instalada de las hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá—, sin que reciban definiciones concretas.
“Hoy hay 6 gigavatios, para que tengan una idea. Nuestras turbinas son siete. Hay 6 gigas, casi toda nuestra capacidad, de proyectos que quieren invertir en Paraguay y no están teniendo una definición. Imagínense lo grave que es”, cuestionó.
Por su parte, el titular del MIC, Marco Riquelme, señaló que fueron los propios representantes empresariales quienes plantearon la necesidad de priorizar la agenda energética. El funcionario remarcó que el país atraviesa un nuevo escenario energético, en el que la creciente demanda de proyectos industriales requiere una planificación anticipada y articulada con el sector privado.
La tarifa requiere un ajuste
Este reclamo se da en un contexto en el que la sostenibilidad financiera de la ANDE también está en debate. De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare) de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a pedido de la ANDE, la entidad debe realizar un ajuste de sus tarifas de hasta un 40% para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico. Sobre esa base, la ANDE plantea una hoja de ruta con ajustes tarifarios progresivos hasta 2030.
El estudio plantea aumentos diferenciados por segmento: en baja tensión, la tarifa pasaría de US$ 55,8 a US$ 77,8 por MWh (39,4%); en media tensión, de US$ 43,3 a US$ 63 por MWh (45,5%); y en alta y muy alta tensión, de US$ 35,3 a US$ 51,4 por MWh (45,6%).