Guzmán Acosta, exdirector nacional de Telecomunicaciones de Uruguay, ofreció una visión comparativa sobre los avances, las barreras y las oportunidades que enfrenta Paraguay en materia de derecho digital y telecomunicaciones.
Acosta señaló que, si bien Paraguay cuenta con un servicio 4G "óptimo" en las principales zonas urbanas, persisten desigualdades. “Sé que hay zonas en Paraguay donde todavía funciona el 2G o 3G, y eso limita el acceso, especialmente en áreas rurales o de difícil cobertura”.
La falta de conectividad homogénea no es solo un problema técnico, también lo es social y económico: limita el acceso a servicios digitales básicos, profundiza la brecha entre el campo y la ciudad y condiciona la competitividad del país.
El experto explicó que la llegada del 5G no es solo una mejora en velocidad, sino una transformación estructural que habilita nuevas aplicaciones como mayor capacidad de transmisión de datos con latencia casi nula, el desarrollo del internet de las cosas (IoT), donde electrodomésticos, automóviles o sistemas urbanos se conectan en tiempo real, y el impulso de las ciudades inteligentes y servicios públicos más eficientes.
Avances en telemedicina, clave para zonas alejadas donde una videollamada puede reemplazar la necesidad de viajar cientos de kilómetros para acceder a un especialista. “El 5G va a permitir más velocidad y una verdadera revolución en la vida cotidiana y en sectores como la salud. Democratizar el acceso a internet es mejorar la calidad de vida y, al mismo tiempo, el crecimiento económico de un país”, subrayó.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, recordó Acosta, la conectividad impacta directamente en el Producto Interno Bruto (PIB), pudiendo generar un crecimiento anual de entre 1,5% y 2%.
Una de las principales preocupaciones es evitar que el despliegue del 5G beneficie únicamente a zonas urbanas, dejando a comunidades rurales aún más rezagadas.
“El 5G requiere más antenas, con radios de acción más reducidos pero mayor capacidad de conexión simultánea. Eso significa que para cubrir un territorio es necesario multiplicar las radiobases”, explicó Acosta.
En Uruguay, por ejemplo, del total de 2.600 sitios con 4G, alrededor de un 30% ya opera con 5G, concentrado en las grandes ciudades. Llevar esa cobertura a áreas rurales resulta más costoso y muchas veces no es rentable para las operadoras, por lo que deben explorarse fondos de inversión o esquemas comunitarios que garanticen la expansión.
Uno de los puntos centrales que destacó Acosta es el principio de neutralidad tecnológica, es decir, que no existan barreras que limiten el acceso a determinados equipos o proveedores por cuestiones regulatorias o de mercado. “Cualquier restricción innecesaria genera retrasos en la inversión y termina encareciendo los servicios. Y al final, ¿quién paga la factura? El usuario”, dijo.
El punto principal para él está en que la tecnología sea asequible y accesible: “No sirve de nada tener buenas telecomunicaciones si la gente no las puede pagar”, indicó.
Igualmente, el avance digital trae consigo un incremento de los ciberataques. Ningún país está exento: desde potencias como Estados Unidos hasta pequeños mercados sufrieron ataques a bancos, gobiernos y empresas privadas.
Acosta dijo que, más allá del hardware o el software, el mayor riesgo radica en la falta de cultura digital. “El ciudadano, al dar consentimiento sin leer, expone sus datos. Y los datos son hoy más valiosos que muchos bienes materiales: nuestra identidad, nuestras cuentas, nuestros hábitos de consumo son objeto de tráfico ilegal”.
En este contexto, recomienda apegarse a estándares internacionales consolidados, como los de la GSMA, y evitar regulaciones aisladas que no ofrecen garantías reales.
“No existe una certificación que garantice 100% seguridad. El camino es fortalecer la cultura digital de los usuarios, aplicar protocolos reconocidos y educar sobre el valor de los datos personales”, puntualizó.
Además del despliegue de antenas, nuevas soluciones como el internet satelital de Starlink ya se están utilizando en Uruguay, donde opera bajo licencia oficial. Este servicio compite directamente con las empresas de telecomunicaciones y ofrece cobertura en lugares donde no llegan las redes tradicionales.
En la visión del especialista, el desafío de Paraguay y de toda la región es no quedarse atrás en esta carrera, sino apostar por la expansión del 5G de forma inclusiva, mantener la neutralidad tecnológica, fortalecer la cultura digital y la ciberseguridad, y facilitar marcos regulatorios que acompañen, en lugar de trabar, la innovación.
“Lo que está en juego no es solo conectividad, es calidad de vida, desarrollo económico y la posibilidad de que nuestros países estén en la autopista del futuro digital”, resaltó.