Benítez presentó una iniciativa que obliga a publicar la estructura de costos de la carne, identificando los márgenes de ganancia y los factores externos que inciden en su precio. Según el legislador, el objetivo es terminar con la opacidad en la cadena de comercialización y entender por qué un país que exporta carne al mundo “no puede garantizarla a su propio pueblo".
“El consumo per cápita cayó de 55 a 50 kilos en dos años. Esto no es casualidad, tiene que ver con que el precio de la carne subió más del 20% según el propio Banco Central. Hay cortes que subieron hasta 30% y la gente ya no puede pagar”, expresó Benítez, señalando que su proyecto permitirá remitir antecedentes a instituciones como la Conacom, Sedeco y el Ministerio Público si se detectan irregularidades.
Por su parte, Villalba propuso una ley que establece un régimen de protección al consumo interno de tres cortes populares: costilla, puchero y carnaza de primera. Su iniciativa no fija precios, pero limita el margen de utilidad sobre el costo al 10%, buscando equilibrar el derecho del productor a obtener beneficios con el derecho del consumidor a una “alimentación digna”.
“No se trata de controlar precios, sino de fijar un límite razonable en los márgenes de ganancia para garantizar el acceso a la carne en los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, el Estado podrá ofrecer incentivos a quienes colaboren con esta política de justicia alimentaria”, señaló el senador liberal. Su proyecto también contempla beneficios fiscales, logísticos y comerciales para frigoríficos y comercios con distribución en zonas rurales o de alta vulnerabilidad.
Ambas propuestas fueron recibidas con recelo por representantes del sector cárnico. Empresarios del rubro argumentan que iniciativas de este tipo pueden desincentivar la producción, generar sobrecostos y fomentar distorsiones que terminarán afectando la calidad y el abastecimiento.
“La Constitución Nacional no permite lo que proponen los congresistas. Aun no debatimos internamente estos proyectos, pero no creo que sea factible”, aseguraron desde la Cámara Paraguaya de Carnes, desde donde pidieron reservar una opinión más detallada. Los empresarios consideran que la intervención estatal en el negocio de la carne es un tema sensible y que es bastante posible que ambas propuestas sean bloqueadas en el Congreso.
Pese a las críticas, los legisladores afirman que el debate apenas comienza y que el centro de la discusión debe ser el consumidor. “No estamos hablando de imponer condiciones arbitrarias. Estamos hablando de que la carne es un alimento esencial, y que el Estado tiene la obligación de velar por el acceso equitativo”, remarcó Villalba.